Una receta de política fiscal

La aprobación en el Consejo de Ministros del pasado viernes 16 de enero del cuadro macroeconómico actualizado para España ha oficializado, aunque sólo sea a efectos de reconocimiento gubernamental, la situación de recesión profunda en la que nos encontramos.

La desfavorable coyuntura macroeconómica, unida a nuestra limitada soberanía en temas monetarios, ha colocado la política fiscal en el centro de la discusión acerca de las posibles vías de actuación que puedan ayudar a remediar nuestros problemas económicos.

En particular, son muchos los ámbitos desde los que se reclama una política fiscal agresiva de incrementos de consumo y, especialmente, de la inversión pública que cree empleo e incremente la productividad en el largo plazo de la economía. El reciente plan de los 8.000 millones de euros a repartir entre los ayuntamientos no sería, en la visión de muchos, más que el comienzo de un largo camino de expansión fiscal.

Nuestra propuesta consiste en reducir los impuestos sobre las rentas del trabajo e incrementar el IVA

Una subida de impuestos especiales nos permitiría aprovechar la bajada de precios del petróleo

Nuestros cálculos nos recomiendan no aumentar el consumo público o las transferencias

La propuesta permite avanzar hacia un sistema fiscal que premia el trabajo, el ahorro y la inversión

Dos motivos de precaución

Pero quizá sería conveniente, antes de lanzarnos a esta expansión fiscal, que realizásemos un esfuerzo de evaluación cuantitativa de las distintas combinaciones presupuestarias posibles. Esto es necesario por varias razones. Primero, porque existen motivos para sospechar que los efectos de la política fiscal pueden ser muy diferentes de los sugeridos por una aplicación ingenua de unos multiplicadores fiscales muy a menudo mencionados, y que nadie sabe muy bien de dónde han salido, pero que son esgrimidos con un alto grado de certeza.

En particular, los efectos ricardianos de una expansión fiscal pueden ser notables. Podemos encontrarnos con que las familias respondan a incrementos de gasto elevando su tasa de ahorro (por ejemplo, para cubrirse con respecto a una posible bajada de pensiones futuras o un deterioro de la sanidad pública en el medio plazo), con lo cual una parte considerable del supuesto efecto expansivo desaparece y nos encerramos en una situación aún peor que la original. La experiencia de Japón (en sentido negativo) y la experiencia de las consolidaciones fiscales en varios países europeos (en sentido positivo) durante la última década del pasado siglo sugieren que estos efectos ricardianos son en muchos casos importantes, en especial si la política fiscal a corto plazo señaliza cambios en la situación de sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo.

En segundo lugar, porque una política fiscal expansiva puede tener unas consecuencias notables en función de la prima de riesgo de la deuda pública en los mercados de bonos internacionales, prima de riesgo que se ha disparado en las pasadas semanas y que aún puede depararnos sorpresas muy desagradables. Estas dos razones, efectos ricardianos y prima de riesgo, sugieren un manejo cuidadoso de la política fiscal y, más en concreto, el diseño de un plan que ayude a la economía española manteniendo la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas en el medio plazo.

Una propuesta de política fiscal

Nuestra propuesta consiste en reducir los impuestos sobre las rentas del trabajo en un 2% del tipo medio, incrementar el IVA un 1% del tipo medio y subir de manera importante los impuestos especiales. Nuestros cálculos, que explicaremos con más detalle en los siguientes párrafos, indican que este paquete tendría un efecto expansivo de un 2% del PIB con respecto al escenario de mantener el statu quo fiscal con un coste desde el punto de vista del déficit público de aproximadamente algo menos del 0,2% del PIB.

La motivación de nuestra propuesta es sencilla. La bajada del impuesto sobre las rentas del trabajo, especialmente si se diseña de tal manera que favorezca a los asalariados de rentas más bajas, incrementaría los incentivos a trabajar y el consumo de las familias de manera notable. Estos dos mecanismos son la principal correa de transmisión de los efectos expansivos de nuestra propuesta.

La bajada en los impuestos al trabajo se puede implementar por medio de reducciones de IRPF o de cotizaciones sociales. Modificar las cotizaciones sociales es peligroso, ya que puede generar conflictividad con los agentes sociales e incrementar el peligro de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por tanto, puede ser más adecuada una rebaja del IRPF. Además, en el caso de una rebaja concentrada en los niveles de renta más bajos, esta reducción del tipo puede ser utilizada como un incentivo a los sindicatos para la moderación salarial durante el 2009.

La subida del IVA ayuda a contrarrestar los efectos sobre la recaudación de la bajada de los impuestos sobre el trabajo. Hemos calculado que, mientras la bajada del impuesto sobre las rentas del trabajo supone una pérdida de recaudación del 0,5% del PIB, la subida del IVA nos compensa el 0,38%. Además, la subida del IVA abarata relativamente la inversión privada, lo que nos permite sentar las bases de una recuperación más sana en el medio plazo. La subida de impuestos especiales nos permite aprovechar la bajada de precios del petróleo, incrementar la recaudación y mantener los incentivos, por medio de precios, a la incorporación de nuevas energías.

Una manera alternativa de pensar acerca de nuestra propuesta es que, por medio de cambios en los impuestos, sintetizamos un cambio en los precios relativos muy similar al de una devaluación competitiva (bajar el coste de factores e incrementar el coste del consumo y de la energía), medida que había sido tradicionalmente uno de los instrumentos básicos de salida de las crisis anteriores de la economía española.

Nuestros cálculos también nos recomiendan no aumentar el consumo público o las transferencias, ya que estas partidas presupuestarias tienen un efecto expansivo menor (en el caso de transferencias, incluso potencialmente negativos). Además, debemos ser conscientes de que expansiones de consumo público o transferencias son difíciles de revertir en el medio plazo, lo que incrementa el problema de los efectos ricardianos a los que nos referíamos anteriormente. La muy negativa experiencia de Portugal, que utilizó el consumo público y las transferencias para intentar salir de la recesión de 1992, es un aviso especialmente relevante para España. Nuestra postura sólo cabe matizarse en aquellas propuestas que sirvan para ayudar, de manera muy concreta y limitada, a grupos especialmente perjudicados por la crisis.

El bajo coste en función de los ingresos de nuestra propuesta es el motivo por el cual es importante, desde el punto de vista político, presentar este plan de política fiscal a la opinión pública como una propuesta moderada que aprovecha los réditos acumulados por nuestra prudencia fiscal en las anteriores legislaturas, y que no contradice la solidez fundamental de las cuentas públicas en el medio plazo.

Una ventaja adicional

La propuesta esbozada es también coherente con mayor crecimiento económico a medio y largo plazo. Al sustituir impuestos sobre la renta del trabajo, especialmente de las clases bajas y medias, por impuestos al consumo y especiales, avanzamos hacia un sistema fiscal que premia el trabajo, el ahorro y la inversión. De igual manera, la subida de impuestos especiales ayuda a reducir el consumo de petróleo e impulsar la adopción de nuevas energías.

Jesús Fernández-Villaverde y Juan F. Rubio Ramírez son profesores de las universidades de Pensilvania y Duke, respectivamente. Este artículo forma parte de una serie de reflexiones de un grupo de economistas sobre los orígenes y efectos de la crisis que NEGOCIOS publica en colaboración con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Sus autores aportan propuestas específicas para que España salga de la crisis fortalecida y con la mayor rapidez posible.