El alcalde de Alcaucín impulsó 1.100 casas ilegales en suelo rústico

José Manuel Martín Alba, alcalde de Alcaucín (Málaga, 2.500 habitantes), permitió que entre 1991 y 2007 se construyeran 1.064 viviendas ilegales en el suelo rústico del municipio, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotografías por satélite. El regidor, albañil de profesión y cantaor de vocación -"clava los fandangos", dicen sus vecinos-, fue detenido el viernes por agentes de la Guardia Civil, junto a otras 12 personas. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de una ristra de delitos: cohecho, blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y delitos contra la ordenación del territorio. El mismo viernes, el alcalde fue expulsado del PSOE, partido al que dio cinco mayorías absolutas. Martín, de 55 años y conocido por su apodo artístico, Pepe Calayo, de momento, no ha dimitido.

La actuación puramente urbanística de Martín Alba no difiere en lo esencial de la mayoría de los alcaldes de la comarca de la Axarquía, quizá la más degradada de Andalucía por el fenómeno de las viviendas ilegales. Entre 10.000 y 21.000 casas, la mayoría pequeños chalés con piscina, pero también grandes mansiones, se asientan en suelo no urbanizable en 31 municipios. La novedad del caso Arcos son las acusaciones de corrupción que lleva aparejadas. Fuentes de la investigación apuntan que el alcalde de Alcaucín percibió unos 500.000 euros en comisiones de promotores beneficiados por su afán enladrillador, según la Cadena SER. Hoy, en el pueblo a cada vecino le corresponden 1,5 viviendas, una capacidad residencial de 12.000 habitantes.

La mayoría de las nuevas viviendas se han situado en antiguos terrenos de regadío próximos a las vías de comunicación. "Urbanizar en zonas rústicas sale muy rentable", denuncia Rafael Yus, portavoz del Grupo de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena). Una parcela de unos 1.000 metros cuadrados sale por unos 60.000 euros, diez veces menos que una parcela urbanizable del mismo tamaño.

Una vez comprada la finca, "el resto de los trámites es muy fácil de superar", asegura Yus. El Ayuntamiento, sin apenas personal técnico, se contentaba con fotocopias de proyectos de ejecución de viviendas anteriores. Los precios de los permisos de obra son mínimos. "Sin embargo, hay un clamor popular de tasas paralelas aceptadas por todas las partes: cargos públicos, promotores y compradores", afirma.

Entre 1998 y 2004, Gena interpuso "más de 80 denuncias" de casas ilegales en Alcaucín ante la Junta. "La mayoría fueron archivadas o se saldaron con multas tan bajas que eran casi un incentivo para los promotores y se incluían en el precio final de la vivienda", acusa Yus, que desde 2006 empezó a acudir a la Fiscalía. El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, recordó ayer de que la Junta ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de Alcaucín y ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo de la localidad. En toda la comarca la Junta ha tramitado 800 denuncias.

Muchas de las casas individuales acababan agrupándose en urbanizaciones espontáneas carentes de los servicios más esenciales, como electricidad, agua o saneamiento. Muchas veces le correspondía a la Diputación de Málaga la construcción de caminos de tierra para unir los nuevos núcleos a las carreteras.

Martín Alba permitió también construcciones de varias plantas que nada tienen que ver con las edificaciones típicas de la zona. Una de ellas, la promoción de 45 viviendas en cuatro alturas en una parcela donde el planeamiento sólo permitía cuatro chalés de dos plantas, ha sido investigada muy de cerca por la Guardia Civil y la Fiscalía. La promotora, Crocasa SL, estaba administrada por Virginia Llamas, hermana de una abogada que asesoraba al Ayuntamiento en temas urbanísticos. Gena denunció que las dos hijas del regidor, hoy detenidas, recibieron una vivienda cada una de regalo en la promoción.