La provocación

En una situación de crisis como la actual, con cierres de empresas, aplicación de expedientes de regulación de empleo, tres millones largos de parados, adopción de medidas extraordinarias para mantener los puestos de trabajo existentes, renuncia de miles de trabajadores a derechos y beneficios conseguidos tras años de reivindicaciones, los señores jueces se pusieron en huelga unos días antes del 23 de febrero. Aplicando una de las fórmulas que estos agentes privilegiados emplean para determinar el futuro de las personas juzgadas, la medida extrema que han tomado ha sido proclamada con alevosía y nocturnidad, pretendiéndose pasar por probos funcionarios aquellos que forman parte nada menos que del tercer poder del Estado y, por tanto, celosos veladores de los usos democráticos.

Si el decano de los jueces de Madrid argumenta con la insolencia de quienes tienen el mazo de la sentencia que "es legal lo que no es ilegal", se entiende el deambular desvergonzado del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, un tipo que se jacta de no saber la cantidad de gente que ha colocado, que arrastra más causas que El Solitario sin que ningún juez se atreva a ponerle el cascabel y que, precisamente por esa impunidad, no tiene empacho en proclamar que "pone la mano en el fuego por Camps", el presidente valenciano implicado por la fiscalía en tramas corruptas por un quítame allá aquellos trajes. La misma impunidad y provocación de la que hace gala un tal Federico Trillo, que pidió la cabeza de un ministro por cazar ciervos cuando él, como responsable de Defensa, no dimitió tras la muerte de 62 militares.