Bolivia, el 'sí' a la Constitución y sus equívocos

El sí a la nueva Constitución expresado en el voto por el 61% de los bolivianos nos ha dejado algunos mensajes inequívocos y algunos equívocos en el mensaje.

Los mensajes: el proceso de cambio histórico iniciado en dos tiempos, con la caída del viejo sistema de partidos en octubre de 2003 y la ascensión a la presidencia de Evo Morales en enero de 2006, ha recibido un espaldarazo cinco años después de haberse iniciado, pero con un alto coste de polarización, división y exacerbación del racismo, que puede ilustrarse en el total de 47 muertos producto de la confrontación Estado-sociedad en la gestión presidencial de Morales.

Las dos incorporaciones fundamentales del texto ganador son la inclusión explícita de los derechos de los indígenas (aproximadamente el 45% del total de la población de Bolivia) y la incorporación de las autonomías, tomadas en términos generales del modelo español, que deben aplicarse en cuatro de los departamentos del país, ya que en un referéndum realizado en julio de 2006 el sí a las autonomías ganó en cuatro departamentos y el no ganó en cinco, de un total de nueve que constituyen la República.

Se sustituye la idea republicana del Estado-nación por la de un Estado plurinacional

Pero más allá de esos elementos que definen este diseño, la nueva Constitución sustituye la idea republicana del Estado-nación por la de un Estado plurinacional, reconoce 36 lenguas oficiales (tres de ellas ya extinguidas) y asume un número equivalente de naciones entre las que no están los cinco millones y medio de no indígenas. La mayor de ellas es la nación quechua, con una población de casi tres millones de personas, y la menor, la nación Pakawara, con una población de 10 personas (sí, 10, que se pueden contar con los dedos de las dos manos).

Se establece para elegir parlamentarios la creación de circunscripciones uninominales especiales para esa treintena de naciones indígenas.

Se hace oficial la justicia comunitaria con el mismo rango que la republicana, que a partir de ahora tendrá los miembros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional plurinacional electos por voto directo de los ciudadanos. La justicia comunitaria es aplicable de 36 formas distintas, de acuerdo a los usos y costumbres de cada nación indígena, con el detalle de que la justicia comunitaria es inapelable y de única instancia, a diferencia de la justicia republicana que mantiene tres niveles de apelación. Además, se incorpora la retroactividad de la ley en temas de corrupción.

En el ámbito de los derechos y garantías ciudadanas, el texto profundiza y perfecciona logros ya explicitados en la anterior Constitución, con la novedad de establecer la separación clara entre Estado y religión.

En economía, la Constitución (que tiene 411 artículos) es la más estatista de la historia boliviana, más que la que emanó de la revolución nacionalista de 1952, estableciendo preeminencia casi total del Estado en la economía y dándole un papel muy secundario a la iniciativa privada. Crea un nuevo concepto, el de economía comunitaria.

Baste para describirlo que no se reconoce arbitraje internacional y se obliga además a las empresas a la reinversión total de sus utilidades en el país y en el rubro de su operación específica.

Ese sí mayoritario, sin embargo, no ha logrado el pacto social que Bolivia buscaba, porque el resultado ha marcado más todavía tres diferencias. La primera, regional, entre Andes y Llanos: la región altiplánica votó por el sí y la región de los Llanos por el no.

La segunda, entre área rural y área urbana: el campo votó por el sí abrumador y la ciudad tuvo un empate entre el sí y el no.

La tercera, entre indígenas y no indígenas, los primeros por un sí de casi el 90% y los segundos en un empate, con variantes dependiendo de estratos sociales y autoidentificación étnica.

Los equívocos: se cree ingenuamente que ésta es la primera Constitución que reconoce los derechos de los indígenas, cuando éstos tienen desde hace medio siglo derecho al voto, ciudadanía plena y propiedad directa sobre la tierra merced a una profunda reforma agraria (1953), y desde hace casi 20 años municipios indígenas autónomos, reconocimiento a su propiedad comunitaria sobre la tierra y Tierras Comunitarias de Origen en la zona amazónica, con espacios de hasta medio millón de hectáreas a favor y bajo control directo de pueblos con poblaciones no mayores a las 5.000 personas.

Pero el gran equívoco, sobre todo de la comunidad internacional, es opinar sobre Evo Morales no como presidente de Bolivia, sino como presidente indígena. Evo indígena, no Evo persona. Si, en particular los europeos, juzgaran al presidente de Bolivia por lo que hace y no por el color de su piel, nos ahorraríamos más equívocos y visiones idílicas del nuevo "paraíso indígena andino en construcción" en un país con casi el 55% de ciudadanos no indígenas.

El sí, que hay que respetar democráticamente, abre las puertas de más incertidumbres que certezas y de una Bolivia a la que aún le queda mucho camino para restañar las heridas de siglos y sobre todo las de los últimos tres años.

Carlos Diego Mesa Gisbert es ex presidente de Bolivia.