Frente a los hechos

El Partido Popular presentó ayer en el Tribunal Supremo la querella con la que había amenazado al juez Garzón para que se inhibiera en los casos de corrupción de Madrid y Valencia. En principio, las posibilidades de que prospere son escasas, pero una nueva providencia del magistrado quizá las ha reducido más todavía: de acuerdo con un informe policial recibido el mismo martes en el juzgado, la lista de aforados alcanzaría, al menos, al senador Luis Bárcenas, actual tesorero del partido. La presunta implicación de Bárcenas parece sugerir que la trama de corrupción de Francisco Correa no tenía como único objetivo el enriquecimiento personal, sino que podría conducir directamente a la financiación del PP. Con la salida de Mariano Fernández Bermejo del Gobierno los populares perdieron una de sus bazas para desviar la atención de los problemas que les afectan. Con la previsible inhibición de Garzón no dispondrán de más excusas para negar los hechos.

Pero la inhibición podría abrir un segundo frente de conflicto, puesto que el PP ha dado signos de preferir que la investigación continúe en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, mientras que el magistrado ha solicitado informe al fiscal para determinar si el caso debe pasar al Supremo, dado que se encuentra imputado un senador. Hasta ahora, la jurisprudencia del alto tribunal se ha inclinado por reclamar su competencia sobre la totalidad de un único caso cuando en él se encuentran involucrados aforados y personas que no lo están. El plazo que Garzón ha señalado al fiscal para remitir el informe concluye mañana, y es entonces cuando, previsiblemente, el PP perderá la última línea de defensa en una estrategia que ha querido ver una conspiración en lo que a todas luces se está perfilando como una crisis política de graves dimensiones e incalculables consecuencias.

Al comparecer rodeado por los dirigentes del partido cuando se conocieron las investigaciones de Garzón, Rajoy cercenó su capacidad de maniobra política frente a los escándalos de corrupción. Como ha sucedido en otros casos como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, impúdico enaltecedor de sus prácticas caciquiles, los populares han antepuesto la unidad del partido a la lucha contra la corrupción. Sólo que, en este episodio, las cosas han llegado mucho más lejos y afectan a cargos de la dirección nacional. Y no sólo del periodo en que Rajoy ha estado al frente del partido, sino también de la época anterior. La consigna de que el PP era incompatible con la corrupción era tan sólo eso, una consigna. Y las invocaciones a la regeneración en las que apoyó uno de los periodos más convulsos de la política española, una simple cláusula de estilo.

Pero en estos momentos el PP se enfrenta a los hechos que han estado ocultos, y la peor alternativa sería posponer las decisiones políticas y permanecer uncido a los avatares del futuro judicial que ha comenzado a perfilarse.