Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Poder Judicial reclama el cese de los ataques contra Garzón

Los progresistas censuran al vicepresidente del Consejo por apoyar a Camps

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer una resolución en la que demanda que no se efectúen declaraciones que puedan "perturbar" la independencia de los jueces en sus investigaciones. La declaración institucional es genérica y no cita expresamente al juez Baltasar Garzón, pero está relacionada con las acusaciones, expresas y larvadas, que ha recibido este magistrado de la Audiencia Nacional durante la instrucción de la supuesta trama de corrupción que afecta a militantes y cargos públicos del Partido Popular.

En la sesión de ayer, los cinco miembros de la comisión permanente del Consejo analizaron, entre otras, las declaraciones que hizo el pasado día 20 el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en la televisión autonómica valenciana, Canal 9. De Rosa -ex consejero de Justicia del Gobierno del presidente valenciano Francisco Camps, implicado por el fiscal en la citada trama- cuestionó la instrucción de Baltasar Garzón y sugirió que el juez podía incurrir en un delito de prevaricación si había aforados en sus pesquisas y no se inhibía en favor de los tribunales superiores.

Las declaraciones de De Rosa fueron debatidas por los cinco miembros de la Comisión Permanente. En la reunión estaban el presidente, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, y los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado. El asunto se zanjó con una declaración institucional donde se señala: "El Consejo General del Poder Judicial, como garante de la independencia de jueces y magistrados, pide el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio y la actividad jurisdiccional". El texto fue apoyado por cuatro de los cincos miembros (los dos conservadores, el presidente Dívar, y la progresista Robles). La otra vocal progresista Almudena Lastra presentó un voto particular, pidiendo que se "modificase el último párrafo", se incluyese una referencia expresa al juez Garzón y que se censurase más aún cualquier testimonio contra la independencia judicial si el mismo proviene de dentro "del Consejo General del Poder Judicial", en alusión a De Rosa.

Antes del pronunciamiento oficial, la comisión permanente analizó un escrito del vicepresidente Fernando de Rosa en el que éste señala que sus comentarios en Canal 9 fueron "realizados a título exclusivamente personal y respetando siempre de forma escrupulosa la independencia judicial". En el mismo escrito, De Rosa pide "disculpas a todos aquéllos que hayan podido sentirse molestos o perjudicados por las declaraciones efectuadas".

Siete vocales del sector progresista, con excepción de Margarita Robles, redactaron y firmaron anteayer un escrito que permitiese garantizar que este asunto también sería analizado en el pleno que el Consejo del Poder Judicial celebrará mañana. Según fuentes de esta institución, el texto será ratificado sin problemas en el pleno, aunque en el sector progresista hay cierto malestar por la tibieza del mismo.

El PP se querella hoy contra el juez

El Partido Popular presentará hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal por prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón. El PP llevaba desde la semana pasada amenazando con acusar formalmente a Garzón de prevaricador por seguir instruyendo el caso Gürtel, sobre una trama de sobornos relacionada con instituciones gobernadas por ese partido, sin inhibirse en favor de los tribunales competentes para juzgar aforados. Al no ceder la causa, Garzón impide que el PP conozca el sumario, actualmente secreto, y también que sepa cuáles de sus cargos públicos están implicados más allá de los ya conocidos de Madrid y la Comunidad Valenciana.

La querella se basa en una formalidad supuestamente incumplida por el juez, al no inhibirse antes de tres días después de que lo solicitara el fiscal. Garzón, dice la querella, ha prevaricado "al no haberse producido la inhibición solicitada por el fiscal el pasado miércoles y haber incurrido con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas y, en particular al haber superado con creces el plazo de tres días establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal [art. 303]", argumenta el PP. El escrito añade que el juez ha realizado "actuaciones judiciales con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto". La querella también basa su "creencia en un comportamiento doloso" en la famosa cacería con el ex ministro Fernández Bermejo.

El juez Garzón se reincorporó ayer a su juzgado. Fuentes de la investigación señalaron que el magistrado trabajó en un auto que notificará en los próximos días sobre su posible inhibición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de febrero de 2009

Más información