El poder está en el verde

La Galicia que aupó al poder a PSOE y BNG en 2005 padecía un trauma ecológico. Apenas dos años antes había sido centro de atención mundial porque una marea negra había convertido su costa, una de las más ricas y hermosas del planeta, en un paraíso emponzoñado. El bipartito salió de las urnas para curar aquella conmoción, prometiendo combatir la persistente tortura que sufre el patrimonio natural gallego: incendios, vertidos incontrolados a rías y ríos, ocupación de parajes vírgenes con parques eólicos, piscifactorías y minicentrales, y el porcentaje de territorio preservado por la Red Natura más bajo de España.

Había mucho por hacer en un área de gobierno que el fraguismo mantuvo en un segundo plano incluso en plena catástrofe del Prestige. Y el nuevo presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, arrancó con fuerza, anunciando que paralizaría el proyecto para construir una gran piscifactoría en terrenos protegidos de cabo Touriñán, en Muxía, aprobado por el PP cuando estaba en funciones. El gesto presidencial pretendía dejar claro cuál iba a ser uno de los temas clave de la legislatura. Y lo consiguió, en su favor pero también en su contra.

La decisión del Gobierno gallego de expropiar casi tres millones de metros cuadrados a pie de costa para que empresas acuícolas los ocupen con otras 24 granjas marinas, subvencionadas además con la mitad de la inversión, provocó un millar de alegaciones y la movilización de cientos de afectados, que acusan a la coalición de anteponer los intereses de las empresas al medio ambiente. "Las expectativas de que el cambio de gobierno iba a suponer una ruptura con las políticas productivistas de la Xunta del PP no estaban fundamentadas", lamentan desde el colectivo ecologista Verdegaia.

El bipartito sostiene que en política ambiental en Galicia estaba todo por hacer. "Recibimos 19 rías sin saneamiento, no había ni un inventario de especies protegidas, no había nada", responde el conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Manuel Vázquez. "Pero es normal que los ecologistas digan que hicimos poco. Ellos son la voz de la sociedad y yo lo entiendo".

El poder adquirido por el departamento autonómico de Medio Ambiente en esta legislatura no es sólo por voluntad de la coalición de gobierno. Una ley estatal que entró en vigor en 2006 obliga a que todos los planes y programas de la Administración, incluidos los urbanísticos, superen una evaluación ambiental estratégica, un trámite que convierte al conselleiro del ramo en un miembro clave del gobierno, con capacidad de veto.

Para pilotar esa influencia, el PSOE colocó en el cargo a Vázquez, un ex alcalde con peso en el partido que se ha enfrentado incluso a sus socios nacionalistas por el concurso eólico. "Hasta ahora nadie tenía problemas con el medio ambiente en el Gobierno gallego porque era una maría", afirma. Los cambios que pretendía el bipartito están por llegar. Si se cumplen las fechas prometidas, las rías estarán saneadas en 2011; en 2012 Galicia emitirá 12,25 millones de toneladas menos de CO2; en 2017 se incinerará un 30% menos de basura; y en 2010 habrá un 6% más de territorio en Red Natura.