El TSJ resuelve en una semana 7 años del 'caso Mercalicante'

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencina ha acordado exculpar a Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico del PP, de la causa abierta sobre el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. El agujero se descubrió en 2002, con Díaz Alperi al frente del consejo de administración de la entidad.

Juan Montero, magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, dictó el auto de sobreseimiento parcial de Alperi de la causa el jueves, justo una semana después de que el alto tribunal se declarara competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado del ex alcalde.

El magistrado sólo ha necesitado de ese lapso de tiempo (siete días) para pronunciarse sobre un sumario que, según recoge su propio auto, cuenta con "10.866 folios, en las diligencias previas y con seis [no cuatro] cajas de documentación y una maleta".

La celeridad del magistrado del TSJ contrasta, en cambio, con el cansino ritmo de la instrucción de las diligencias que dirigió la titular del juzgado número de 1 de Alicante, Cristina Costa. La juez instruyó el sumario desde septiembre de 2002, cuando se arrestó al principal acusado, el ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, hasta noviembre de 2008, cuando remitió la causa al TSJ por el aforamiento de Alperi.

La juez y el fiscal, el titular de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, coincidieron en imputar a Alperi por los delitos societarios y de malversación de caudales. El TSJ, por el contrario, no haya "indicios" de esos delitos en la actuación del ex alcalde.En al auto de sobreseimiento de Díaz Alperi del desfalco de Mercalicante, el magistrado Montero, aparte de señalar los argumentos jurídicos de la exculpación, analiza el proceso de la instrucción para concluir que se ha "producido una dilación indebida", que imputa a la juez y las acusaciones, especialmente al fiscal anticorrupción.

El magistrado descarta el delito de malversación de fondos "porque no hay una verdadera imputación". Y respecto al delito societario, Montero señala que "Díaz Alperi sólo podrá ser cooperador necesario si actúa también dolosamente, no si actuaba imprudentemente". Para el magistrado, esa condición de dolo no se produjo: "No existe ni siquiera un elemento desde el que poder llegar a la conclusión de que todos los integrantes de la comisión ejecutiva (pero ninguno del consejo de administración) estaban conjurados para poder realizar conjunta y dolosamente actos que puedan incluirse en la noción de cooperación necesaria en el delito societario", recoge el auto.

El razonamiento de Montero contrasta con la exposición razonada del auto de la juez mediante el que trasladó el caso al TSJ. En ese escrito la magistrada señalaba que Alperi estaba al tanto del uso indebido de fondos (préstamos por 1,2 millones de euros) de la empresa. "Ese destino de los fondos para fines distintos de los de Mercalicante, y amparados en la supuesta necesidad de obtener los préstamos para financiar las obras y demás proyectos expansivos, no pudieron ser desconocidos por quienes autorizaron la suscripción, ya fuera por el actual aforado o el vicepresidente segundo [el edil del PP Juan Zaragoza] que estampó su firma en los préstamos y que derivaron en pérdidas".

Mientras, el fiscal Felipe Briones, en su informe de competencia, aseguraba que la comisión ejecutiva de Mercalicante, también presidida por Alperi, "se convirtió en el instrumento que generó gran parte de las irregularidades y propició un ambiente de descontrol". Para Briones, la comisión acabó convirtiéndose en una "administración paralela que realizó una actuación opaca frente al consejo".

El magistrado aprovecha la primera parte del apartado de razonamientos jurídicos para analizar el desarrollo de las diligencias en el juzgado. Montero concluye que durante ese proceso se ha vulnerado el derecho de los imputados a "proceso sin dilaciones indebidas". "La vulneración aumentaría, sin duda y además de modo inútil, si se actuara como se pretende por las acusaciones populares y, especialmente por el ministerio fiscal, para los cuales estamos todavía ante una instrucción inacabada que necesita ser completada", expone Montero. El magistrado apela la coherencia de las partes y suelta un nuevo aldabonazo a Briones: "La instrucción ha estado paralizada, sin realizar acto alguno de investigación durante meses, bien porque el titular del juzgado no las ha acordado, bien porque las partes acusadoras, incluido el fiscal, no las ha pedido. Especialmente el fiscal, que ha permanecido durante meses y meses inactivo".

La Fiscalía de Alicante rechazó responder al auto. "Lo estudiaremos, antes de decidir si lo recurrimos", dijo lacónicamente Juan Carlos López Coig, teniente fiscal.

Quienes sí se han pronunciado ya sobre el auto han sido las acusaciones populares que ejercen el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y José Luis Valdés, dirigente del movimiento vecinal que presentó la primera denuncia en los juzgados tras conocerse el desfalco. Ambas partes han anunciado que recurrirán la exculpación de Alperi.