Marbella autoriza el pago de 72.000 euros a la empresa de un edil del PP

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha autorizado el pago de 72.500 euros a una empresa de la que es socio al 50% el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Antonio Espada. El desembolso corresponde a dos contratos de suministro de materiales de construcción que la oposición socialista llevó a los tribunales al entender que vulneran la Ley de Contratos del Sector Público. En sus recursos, solicitaron la suspensión cautelar de los contratos, algo que no se ha producido hasta el momento.

Las facturas, de 11.418 euros y 61.014 euros, son por materiales de fundición y construcción para los servicios operativos del Ayuntamiento marbellí. Formaban parte de una relación de facturas mayores que se aprobó por unanimidad el pasado 27 de enero en Junta de Gobierno Local. La sesión estuvo presidida por la primera teniente de alcalde María Francisca Caracuel (PP), y, según el acta, el edil Espada no asistió.

El PSOE recurrió las dos adjudicaciones, que totalizan 230.000 euros

Los contratos de suministro, con número de expediente 92/08 y 34/08, reportarán unos ingresos totales de 230.000 euros a la empresa Materiales de Construcción La Juanita, de la que es socio Espada. El edil dejó de ser administrador de la empresa antes de ocupar su puesto de concejal en 2007, pero figura como apoderado y sigue obteniendo el 50% de los beneficios.

Las adjudicaciones se hicieron el 30 de junio y el 12 de agosto de 2008 en dos juntas de gobierno. Saltaron a la luz en septiembre y crearon una agria polémica municipal.

El primer contrato, de 190.000 euros, vino avalado por un informe genérico del interventor municipal redactado un año antes y que no contemplaba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya que ésta no entró en vigor hasta el pasado 30 de abril. La segunda adjudicación, de 40.000 euros, se otorgó mediante un concurso cerrado al que la empresa del edil fue invitada a concurrir.

El equipo de gobierno del PP defendió su legalidad amparándose en un nuevo informe técnico, pero terminaron invitando a la empresa de Espada a que no se presentara a más concursos municipales. La empresa, constituida en 1997, era suministradora del Ayuntamiento marbellí antes de la llegada del PP al gobierno. Consiguió algún contrato en la época de la Comisión Gestora y tramita el cobro de facturas de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Según el equipo de gobierno, el secretario y el viceinterventor llegaron a la misma conclusión, pero en el párrafo final del informe se incidía en que se consideraría incompatible si el edil fuese administrador de la empresa o apoderado, cargo que tiene Espada en su empresa. El Consistorio afirma que el término "apoderado" se incluyó "por error", lo que se subsanó con una nota al pie del informe.

La nueva normativa prohíbe contratar con el sector público a "las personas jurídicas (empresas) en cuyo capital participen" en cuantía superior a un 10% "el personal y los altos cargos de cualquier administración pública, así como los cargos electos".

El PSOE marbellí, en la oposición, interpuso dos recursos en el Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Málaga pidiendo que se dejaran sin efecto las adjudicaciones. También pidieron al Ayuntamiento un informe específico sobre la situación de Espada como contratista, que no han recibido.

En una providencia, fechada el 16 de octubre, el juez Carlos Javier Castillo reclamó al Consistorio los expedientes de contratación y les informó de los plazos para personarse en el procedimiento. El juzgado admitió a trámite los dos recursos, pero todavía no ha emitido veredicto alguno sobre la petición de suspensión cautelar de los contratos. "Tenemos constancia de estos pagos, los hemos incorporado al expediente del caso, pero todavía no hemos dado cuenta de ellos al juzgado", aseguró ayer la portavoz del PSOE, Susana Radío.

Un informe del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana (equivalente al Consejo Consultivo andaluz o al Consejo de Estado a escala nacional) encontró incompatibilidad para contratar en un caso muy similar, en el que el edil poseía el 20% de la empresa adjudicataria.