La diplomacia amordazó a la justicia

Lo que no pudo conseguir George Bush y su todopoderosa secretaria de Estado, Condoleezza Rice; lo que no logró el Partido Comunista Chino, ni el Gobierno de más de 1.300 millones de habitantes y con el mercado potencial más grande del mundo; lo que no obtuvieron gobernantes y dictadores de Guatemala, Chile o Argentina, lo ha alcanzado la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, con una llamada telefónica. Eso es poder.

Seguro que a estas alturas, se estarán preguntando qué ha conseguido la diplomática israelí. Pues ni más ni menos que arrancar de su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, que el Gobierno español realizará "ajustes procesales", es decir, que reformará las leyes que hagan falta, para limitar el alcance de la jurisdicción universal en España, después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a trámite una querella por crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de 2002. El dramático resultado -siete de los fallecidos eran niños y hubo 150 heridos- fue consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada desde un caza F16 destinada a asesinar al dirigente de Hamás Salah Shehadeh.

Con una llamada, la ministra israelí consiguió lo que no logró George Bush

Es una mala noticia, no porque se trate de Israel, que tiene tanto derecho como cualquiera a defenderse de las agresiones externas siempre que emplee medios proporcionados y no viole las leyes internacionales para hacerlo, sino porque una vez más los poderosos usan su poder para conseguir la impunidad de sus actos.

La jurisdicción universal es un intento de la comunidad internacional para ponerse de acuerdo en que hay determinados comportamientos que son tan intolerables y tan horrendos que no pueden quedar impunes y por eso constituyen delitos que no prescriben y que deben ser perseguidos sin descanso y en todo momento por cualquier Estado. El Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional, recuerda que "millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, (...) crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad (...) que no deben quedar sin castigo".

Es preferible que la persecución se haga en el país en que se cometió el delito o por la Corte Penal Internacional, pero los tratados internacionales son claros: "Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales" para evitar su impunidad. El juez Andreu preguntó a las autoridades de Israel si habían investigado los hechos para evitar juzgarlos dos veces, pero durante más de medio año no recibió respuesta alguna y, ante la falta de colaboración de la justicia israelí, ha abierto un proceso por un posible delito contra la humanidad. "Nos encontramos", dice el magistrado, "ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato, el de Salah Shehadeh, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido (...) desde el momento en que el ataque es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva, y que si en el curso del procedimiento se prueba que responde a una estrategia preconcebida o predeterminada" supondría un delito "aún más grave".

No obstante, los hechos ocurrieron en Gaza, por lo que el país al que territorialmente correspondería su investigación sería Palestina, y no Israel, aunque este Estado también está facultado para hacerlo en razón de que los presuntos autores son israelíes. Pero no parece que el Supremo de ese país vaya a hacer algo que no sea un paripé jurídico. Decía Mahatma Gandhi: "Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria", pero ¡qué tendrá Goliat que nunca es capaz de ponerse en el lugar de David! Así, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, con la prepotencia de los poderosos, se ha apresurado a declarar que "ni España, ni nadie más" enseñará "moralidad" a su Ejército.

Y es que los descendientes del sabio rey Salomón sólo han suscrito aquellos convenios internacionales que les son útiles y huyen como de la peste de los que les puedan acarrear algún perjuicio. Poco después de la II Guerra Mundial firmaron los cuatro convenios de Ginebra sobre protección de las víctimas en conflictos armados, pero no los protocolos adicionales complementarios de 1977; también ratificaron los de La Haya sobre protección de obras de arte y bienes culturales en tiempo de guerra, pero no el Estatuto de Roma por el que se constituyó la Corte Penal Internacional.

Charles de Secondat, barón de Montesquieu, que elaboró la teoría de la separación de poderes, afirmó: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa". Y la jurisdicción universal para perseguir crímenes atroces lo es. Así lo han entendido numerosos países que la acogen, como Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Nueva Zelanda o Canadá, entre otros.

No es que no se pueda regular para impedir abusos -es obvio que la Audiencia Nacional no debe sustituir a la Corte Penal Internacional- pero, como en 2005 señaló el Constitucional, no se debe limitar de tal forma que pierda su eficacia y la finalidad para la que fue concebida.

Lo que resulta lamentable es que el ministro Miguel Ángel Moratinos, ante la presión de su colega israelí, le avanzase que se va a cambiar una ley justa, una ley que protege al débil frente a los que abusan de su poder, para limitarla. Fue un día triste en el que el Gobierno de Zapatero, el de todos los españoles, prefirió prescindir de la justicia para contentar a los amigos poderosos. Quizá el Gobierno de España se lo pueda permitir, la justicia, seguro que no.