Huelga sin cobertura

Los jueces que pretenden ir a la huelga el próximo miércoles, día 18, ya saben a qué atenerse. Su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, ha aceptado este lunes pasado el envite: no les reconoce el ejercicio del derecho de huelga, niega que tenga cobertura legal, no se da por enterado de la convocatoria, rehúsa fijar servicios mínimos y no admite que los establezcan por su cuenta las juntas de jueces y asociaciones huelguistas.

El CGPJ ha aprovechado la ocasión para hacer una declaración institucional comprensiva con las motivaciones de los huelguistas. No sólo no rechaza, sino que comparte, sus peticiones relativas a la mejora de la justicia y se dice dispuesto a liderar el proceso modernizador, al que la reciente bronca entre el Partido Popular y el ministro Bermejo pone una vez más en dificultades. Se echa en falta, no obstante, una llamada clara a los jueces, y no sólo al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas, imprescindibles en cualquier proyecto serio de modernización judicial. Las reticencias surgen en buena medida del seno de la judicatura.

Los convocantes de la huelga parecen dispuestos a mantenerla. Si eso supone que van a impugnar la decisión del Consejo o plantear cuestiones de legalidad relativas a la huelga están en su derecho. Pero se deja entrever un aspecto más de la situación constitucionalmente chirriante que se ha creado: no es descartable que sean tribunales contaminados por jueces huelguistas quienes tengan que resolver la cuestión. Algo que, obviamente, no cabe en el Estado de derecho. Y es que la hipótesis de una huelga de jueces resulta tan insólita e imprevista en nuestro sistema constitucional que no sólo causa asombro y perplejidad. Su solo anuncio provoca desajustes en no pocas piezas del ordenamiento jurídico.

El CGPJ advierte de que velará para que no se deje a los ciudadanos sin amparo judicial el próximo día 18. Pero si el desamparo se produce, quien lo provoque podrá camuflar su acción en una ausencia del juzgado que, aunque no esté justificada, sólo podría ser sancionada si va más allá de un día natural. Y es que el juez, si hace huelga, resulta un huelguista muy especial, no sólo por el poder que ejerce, sino por el lugar que ocupa en el sistema judicial. Sólo el juez dispone de las llaves del juzgado del que es titular. Si decide ausentarse, su acción no podría ser catalogada en sentido estricto como un ejercicio del derecho de huelga que asiste al trabajador.