Camps, ninguna respuesta

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió a presumir ayer en sede parlamentaria de gestión intachable. "Garantizo que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto. Garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde", prosiguió Camps, "confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat".

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción de personas próximas al PP, afirma que Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros imputados forman parte de un conglomerado empresarial, en el que figura Orange Market, que tenía como objetivo la "realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia". Según el auto, Crespo creó "empresas ad hoc" para dar cobertura a sus actuaciones, como Pasadena Viajes, Easy Concept u Orange Market, la empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, imputado por Garzón.

"Un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas"

RTVV reconoció un contrato con Orange Market tras haberlo negado

El juez ve indicios suficientes para establecer que se trata de "un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando".

"Para disfrazar tanto las contabilidades, como la operativa del grupo o las dádivas entregadas, no dudaron en alterar y falsificar documentos, especialmente facturas comerciales", indica el auto.

Ante esta situación, a Camps no le pareció necesario dar explicaciones en las Cortes Valencianas sobre las relaciones de Orange Market y Álvaro Pérez con su Administración. Tampoco le pareció necesario dar información sobre las 13 concesiones de televisión digital terrestre y los intereses urbanísticos de las empresas de José Luis Ulibarri en la Comunidad Valenciana.

Tampoco consideró Camps necesario contestar a ninguna de las numerosas preguntas que le formularon los grupos de la oposición. ¿Por qué no hicieron caso de las advertencias? ¿Cuántos contratos se han formalizado con Orange Market? ¿Por qué se dieron tantas concesiones de TDT a Ulibarri? No hubo ni una sola respuesta.Francisco Camps acudió ayer a la sesión de control de las Cortes Valencianas con la escenografía bien preparada. Con aplausos de la bancada popular adornando cada intervención del presidente y caras airadas y aspavientos de indignación cada vez que la oposición mencionaba alguna de las palabras malditas como amigos, trajes o corrupción. Pero información sobre el alcance de las relaciones de Orange Market y las sociedades de Ulibarri con la Generalitat, ninguna.

Y eso que la oposición socialista entró al debate humilde. "No venimos a dar lecciones, su obligación es dar explicaciones", aseguró el socialista Ángel Luna. Que formuló preguntas de catón. ¿Por qué la dirección nacional del PP (que rompió con las empresas de Correa, el supuesto jefe de la trama) no les avisó? ¿Por qué han suspendido las relaciones con Orange? ¿Cuántas personas que exhiben su familiaridad con ustedes tienen contratos?... "Usted ha estado por la opacidad, vamos a ver si a partir de ahora se atreve con la transparencia", dijo Luna, que anunció que el lunes acudirá junto al diputado José Camarasa a la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para ver la documentación de la empresa pública, que depende del vicepresidente Vicente Rambla. Y luego dio un paso al frente y aseguró que Canal 9 tiene contratos firmados con Orange Market, extremo que han desmentido tanto RTVV como el Consell. Y ahí lo dejó.

Camps replicó con la evasión, salió armado con una foto de Zapatero y el empresario Ulibarri en un acto celebrado en León y se presentó como un simple impulsor de su gestión. "Nunca pregunto por expediente alguno, lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Luego se refirió a la concesión a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur (la oferta más cara) y, como si fuese Ana Botella, se puso a juntar peras con manzanas. Comparó el pabellón valenciano de Fitur con el de la Junta de Andalucía y luego con el de TurEspaña. Y, claro del injerto, salió una variante ciertamente extraña: "Aquí no se hace nada por capricho. Quien la haga, que la pague", prosiguió Camps, "Y de momento quienes la pagan son los socialistas".

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, también se puso el guante de seda para interpelar a Camps. Y como si pasase por allí preguntó por los reveses que los tribunales han propinado a la Generalitat en materia de sanidad (condenas a pagar con intereses las deudas a los proveedores), educación (en la asignatura de Educación para la Ciudadanía) y "otras investigaciones que afectan al Consell". Y Camps optó de nuevo por la evasión. Se hizo el sueco con los reveses en sanidad y educación y respecto a las "otras investigaciones" afirmó: "Hubo 2.000 licitaciones en 2008 y solo 150 impugnaciones que en la inmensa mayoría han sido ganadas por la Generalitat".

A estas alturas del debate, mientras en Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana ya estaban redactando una nota para "puntualizar que la única prestación de servicios realizada por Orange Market" había sido una bagatela, la portavoz de Compromís ya se había sacado el guante de seda. Oltra esgrimía el guante de acero para recriminar a Camps que abandonase las Cortes para irse a Madrid a sostener a Mariano Rajoy en la sede del PP, elaboraba metáforas sobre los trajes y las camisas del presidente y se quejaba de su "retórica barata". Oltra le recordó a Camps que él es el responsable de su Gobierno y que está incumpliendo sentencias judiciales como la que le obliga a homologar los títulos de valenciano y catalán. En ese punto vio Camps la gatera del debate y se puso el traje de patriota indignado. "El día que este pueblo claudique en la homologación del valenciano y el catalán no será nuestro pueblo".

La sesión de control la remató el vicepresidente Rambla, de nuevo interpelado por si se facilitarán los contratos y las facturas de las empresas investigadas por Garzón. "Ustedes conocen el reglamento y sabrán a lo que tienen derecho o no. Y nosotros, lo que es nuestra obligación y lo que no". La opacidad estaba bendecida.