"Tengo confianza en la justicia"

"Tengo confianza en la justicia de este país. Ahora llega una época mala para mí, pero la afronto con tranquilidad". Preocupado por su futuro y desanimado, Abdul Razzaq-Sadiq explicó ayer a este diario que acaba de presentar su dimisión como miembro de la comisión ejecutiva del PSC en Ciutat Vella. Deja el cargo de forma temporal, "hasta que se aclare lo sucedido", explica el periodista, de 35 años y afincado en Barcelona. El pasado 20 de enero, fue uno de los seis paquistaníes detenidos por la Guardia Civil, acusados de participar en operaciones de fraude al IVA.

En un primer momento, los investigadores consideraron la hipótesis de que los fondos desviados a Pakistán -unos tres millones de euros- podrían ir a parar para financiar redes de terrorismo islamista. La operación, de hecho, fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pero, de momento, no hay ni una sola prueba en ese sentido. Abdul y el resto quedaron en libertad con cargos a los tres días, acusados de un posible delito fiscal.

El paquistaní Abdul-Razzaq está acusado de fraude fiscal

En un comunicado difundido ayer, el Partit dels Socialistes recordó que los cargos abiertos contra el periodista "tienen que ver con su actividad económica privada" -en ningún caso se le acusa de mantener vínculos con Al Qaeda- y aseguró que Abdul puso su cargo a disposición del secretario de organización de su agrupación "para no perjudicar al partido".

Abdul llegó a Barcelona en el año 2000 procedente de la provincia paquistaní de Gujrat. En 2006, con motivo de las elecciones autonómicas, se planteó la posibilidad de afiliarse a un partido político. Eligió el PSC porque "habla de dar derechos" a los inmigrantes. Pese a su dimisión, Abdul sigue afiliado al partido y milita también en la formación que ahora gobierna su país, el Partido Popular de Pakistán, que fue liderado por la ex primera ministra Benazir Bhutto. Un familiar de Abdul, de hecho, murió en el atentado que, en diciembre de 2007, acabó con la vida de Bhutto. Entonces, Abdul apuntó a la posibilidad de que el Ejército y los servicios secretos estuvieran detrás del magnicidio.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, agradeció ayer el gesto de Abdul al "renunciar a sus responsabilidades" por verse inmerso en un proceso judicial. Un "contrapunto", dijo Iceta, a la actitud que mantienen otras formaciones cuando sus militantes son encausados.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió "explicaciones" al PSC y reclamó que se sepa "por qué fueron cambiados de orden" los apellidos del periodista en la nota difundida en su día por el Ministerio del Interior. En opinión de Fernández Díaz, sería "muy grave" si se hubiesen intentado ocultar esos datos.

En la nota oficial, el periodista aparece con las iniciales A. S. R., es decir, con los apellidos en orden incorrecto. Un portavoz oficial del Ministerio del Interior rechazó ayer dar explicaciones sobre este asunto. Fuentes policiales remarcaron que, en ocasiones, se cometen errores con los nombres de detenidos extranjeros.

Según las investigaciones, Abdul figura como administrador de Bright Communication Services, empresa que facturó un millón de euros entre 2005 y 2007, tal como avanzó hace unos días, en Internet, la publicación Setmanari la Directa.

Los detenidos en la operación del pasado 20 de enero regentaban tiendas de servicios de telefonía y locutorios en Barcelona, Valencia, Las Palmas y Logroño. En ellas se llevaba, presuntamente, una doble contabilidad para ocultar el supuesto fraude fiscal. La Guardia Civil registró seis empresas y cuatro domicilios. Tras las detenciones, Garzón dejó a los seis paquistaníes en libertad con cargos. No hay pruebas de que financien la yihad, pero sí indicios de que enviaban el dinero a su país de forma ilegal a través de las empresas de telecomunicaciones.

Abdul fue detenido y trasladado a Madrid, donde pasó casi tres días antes de ser puesto en libertad. "Ha sido duro. Ahora estoy metido en esto, pero confío en que todo saldrá bien".