La Sindicatura revela desviaciones de hasta el 80% en obra pública de CiU

La mayor parte de obras se disparaban de precio sin motivo aparente, el sobrecoste se autorizaba verbalmente y a través de personas ajenas a la institución sin que nadie lo supervisara. Además, no hay documentos que expliquen por qué entre 2003 y 2004 la Generalitat tuvo que pagar hasta tres millones extra a empresas que rehabilitaban pisos de pisos de protección oficial. La Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza las finanzas de la Generalitat, revela en su último informe importantes irregularidades en la etapa final del Gobierno de Convergència i Unió, concretamente en la empresa pública Adigsa, que gestiona los barrios de Cataluña construidos en el franquismo por la Obra Sindical del Hogar.

El informe va en la línea de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona tras una querella de la fiscalía por la polémica del 3%, cuando en enero de 2005 Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones en las obras públicas que contrataba. Concretamente, el informe de la Sindicatura revela sobrecostes no justificados en rehabilitación de viviendas, que en algún caso alcanzaron el 80% y que, de media, superaron el 17%. Ese porcentaje es similar al 20% que exigió Adigsa en comisiones a los constructores, según la investigación judicial.

Pero más que los sobrecostes, habituales en buena parte de obras, el informe de la Sindicatura incide en las irregularidades cometidas por el Gobierno de CiU al autorizarlas. De entrada, constata que "se encargaron de forma directa y verbal a los proveedores por una persona ajena a la sociedad, sin seguir ningún procedimiento de contratación". La entidad, Adigsa, confirmó a la Sindicatura que esta persona "no tenía ningún contrato" con la empresa para "encargar rehabilitaciones". Y, sin embargo, esta persona contrató personalmente y sin garantías legales en muchos casos la rehabilitación de decenas de pisos.

¿Quién era este personaje? La sindicatura no da, de momento, nombres, pero las acciones descritas coinciden con las que atribuye el juez instructor a José María Penín, un hombre que trabajó para Adigsa a instancias del ex consejero Felip Puig sin estar nunca contratado, pero que era quien se contactaba con los empresarios y simulaba tener "cierto poder".

El informe explica que los sobrecostes no justificados sumaron 1,6 millones en 2003 y 1,4 millones en 2004. En este último ejercicio el Gobierno catalán estaba ya en manos del tripartito, que pagó las facturas pendientes de la época de CiU, tras una auditoría que ya reveló numerosas irregularidades. Una de las empresas que más recurrió a los sobrecargos no justificados según la Sindicatura fue Teyco, perteneciente a la familia Sumarroca. Carles Sumarroca es uno de los fundadores de Convergència Democràtica y amigo personal del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.