Garzón investiga los vínculos de la red con un 'pelotazo' en Castellón

El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias. Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.

También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.

El plan se aprobó pese a no tener garantizado el suministro de agua

En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.

El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.

Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.

El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.

La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.

El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.