El miedo es el mensaje

En el edificio de la empresa Ferrovial y en los contiguos afectados por la onda expansiva del coche bomba de ETA que estalló a las nueve de la mañana de ayer, en el complejo empresarial del Parque de las Naciones de Madrid, había cientos de personas en el momento de ser desalojadas, tras recibirse, hora y media antes, un aviso de la propia banda. Normalmente, a la hora en que estalló el coche hay en las oficinas de la zona miles de personas trabajando. ETA avisó, y su mensaje implícito fue: pero podríamos no haberlo hecho y provocar una masacre.

Desde hace muchos años, ETA suele acrecentar su actividad terrorista cuando se aproximan las elecciones, y ello con independencia de que presente candidaturas o no. La campaña para las autonómicas vascas del 1 de marzo se inicia esta semana, el viernes. La banda estaba decidida a hacer acto de presencia antes de los comicios, según habían advertido desde Interior, a la vista de documentos internos y amenazas públicas como las dirigidas en un reciente comunicado contra ingenieros, técnicos o dirigentes de las empresas concesionarias de las obras del Tren de Alta Velocidad vasco.

Tras haber puesto fin al alto el fuego de 2006, ETA eligió esa obra de infraestructura, la más importante nunca emprendida en el País Vasco, como pretexto para sus atentados. Ha realizado 40 desde 2007 contra intereses relacionados con ella, incluido el asesinato, en diciembre pasado, de Ignacio Uria, directivo de una de las empresas concesionarias. El síndrome de repetición que caracteriza a las organizaciones terroristas ha llevado esta vez a reproducir lo que ya hizo a comienzos de los noventa en relación a las obras de la autovía de Leizarán: atacar a Ferrovial, una de las concesionarias, pero no en el País Vasco, sino en su sede central madrileña, para expandir el temor, del mismo modo que en 1991 atentó contra un directivo de la delegación de esa empresa en Valencia.

También ha habido síndrome de repetición en la táctica seguida por su brazo político para intentar burlar la ilegalización, con la presentación de dos candidaturas, la segunda de las cuales, Askatasuna, era la buena, como en 2005 lo fue el PCTV: un partido legal pero en estado durmiente, a la espera de ser activado cuando conviniera, según la tesis de las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que ha asumido el Tribunal Supremo para anular esa candidatura.

Nada más conocerse la decisión del Supremo, el lehendakari y los partidos nacionalistas volvieron a atribuirla a intereses electorales del partido del Gobierno. Sin embargo, ¿cómo sería posible que participasen en las elecciones unos partidos que consideran legítimo que una banda armada participe en el debate político -por ejemplo, sobre las infraestructuras- mediante la colocación de coches bomba? Y ¿tiene alguna duda Ibarretxe de que Batasuna (y las plataformas que aspiraban a sustituirla en las elecciones) está supeditada a ETA?