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Columna
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Espiémonos todos

El actual momento del PP recuerda la clausura de los congresos del PSOE con el canto emocionado de una peculiar versión cainita, adaptada de la Internacional, a base del ¡Espiémonos todos, en la lucha final! Primero supimos de los sistemas de seguimientos a los compañeros de partido, que tan cariñosamente se prodigaban desde consejerías de la Comunidad de Madrid y empresas privadas de seguridad. Su afloramiento indujo solemnes desmentidos, presentación de querellas judiciales por algunos de los que se sintieron perjudicados, apertura y cierre de una información interna ordenada por el presidente Mariano Rajoy a la secretaria general María Dolores de Cospedal, acuerdo para constituir una Comisión de Investigación en la Asamblea Parlamentaria de Madrid que sonaba a tongo y un alineamiento muy definido de los medios de comunicación.

Los partidos viven y gastan muy por encima de sus posibilidades
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Los espías son de la Consejería de Interior

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, acertó enseguida a declararse como primera víctima y, en línea con el cardenal Cisneros, se asomó a las páginas del diario donde tiene puestas todas sus complacencias para señalar al anterior tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, y al actual, Luis Bárcenas, y esgrimir las recomendaciones interesadas por ellos cursadas con el aire de quien dijera "éstos son mis poderes". Entrábamos en la fase estratégica propia del equilibrio nuclear entre las dos grandes potencias de la guerra fría que se denominó de la Mutua Destrucción Asegurada, (MAD, en sus siglas inglesas), analizada el pasado martes en estas mismas páginas de EL PAÍS. Como escribió Julio Cerón, "la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera" y enseguida se vio que estos espionajes mutuos apuntaban al logro de invalidar competidores y traían causa de los sistemas de financiación de los partidos.

Los líderes, que tanto gustan de ser llevados siempre en volandas sin preguntarse nunca el coste, tienden a generar un pensamiento napoleónico. El mismo que inducía al emperador a sostener el principio de que il faut créer l'èvenément y a manejar los ejércitos conforme a sus anticipaciones estratégicas, convencido de que l'intendence suivra. Pero una elemental consulta a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos permitiría averiguar que viven y gastan muy por encima de sus posibilidades. En efecto, es palmaria la insuficiencia de los recursos públicos que enumera el capítulo primero del Título II, dedicado a las subvenciones anuales otorgadas a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados y en las Asambleas de las Comunidades Autónomas, en función del número de escaños y de votos obtenidos.

Por eso sigue un capítulo segundo de ese mismo título de la ley, que trata de los recursos de origen privado donde figuran las cuotas de los afiliados y las donaciones privadas sometidas a condiciones muy estrictas. De forma que las donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas no podrán ser superiores a 100.000 euros anuales. Además, no podrán aceptar directa o indirectamente donaciones de organismos entidades o empresas públicas, ni de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicio o realicen obras para las Administraciones, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público, ni tampoco de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. Más adelante, el artículo 8º fija la justificación de las cuotas y aportaciones que deberán abonarse en sendas cuentas distintas de entidades de crédito abiertas exclusivamente para dichos fines. De forma que en todo caso quede constancia de la fecha de imposición, importe de las mismas y del nombre completo del aportante, con la obligación de la entidad de crédito de extender un documento acreditativo en el que consten todos estos extremos.

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He aquí, pues, un interesante trabajo de periodismo de investigación con fuentes abiertas, que permitiría conocer los ingresos de los partidos y compararlos con la estimación de los gastos a partir de las cuentas que han de presentar conforme a la Ley Electoral, del coste de las sedes y de los equipos empleados. La diferencia, que se nos antoja abismal, es la que ha de colmarse con esas otras aportaciones, fuera de control legal, que proceden de los Francisco Correa, Naseiros, Filesas o Casinos de Cataluña, por citar algunos ejemplos. El juez Campeador ha entrado en batalla. Veremos.

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