Tutela pública de gestión privada

Sin duda debe de ser muy difícil para unos padres comprender que no pueden hacerse con su hijo, que sus problemas de conducta, fruto tal vez de patologías psicológicas o de alguna adicción, hacen imposible que les puedan atender debidamente. Es en ese momento en el que se ponen en manos de las Administraciones y delegan en ellas la responsabilidad. También hay ocasiones en que es la propia fiscalía la que decide (por su comportamiento o el de su familia) que sólo los poderes públicos pueden atenderles debidamente y han de abandonar su casa.

Pero en ese momento, las Administraciones, en la gran mayoría de los casos, delegan de nuevo hacia otro lado, en las asociaciones y fundaciones que gestionan 55 de los 58 centros de protección de menores que ha contabilizado el informe del Defensor del Pueblo sobre estas residencias para chavales con trastornos de conducta y en dificultad social, competencia de las autonomías. Sólo hay dos centros públicos en Cataluña y otro en Castilla y León, y al menos este último tiene una parte de la atención concertada.

Se trata de buscar organizaciones muy especializadas, dice la Comunidad de Madrid

Las autonomías han eludido sus responsabilidades, sostiene Javier Urra

El Defensor destaca la entrega de los educadores y su mala situación laboral

Los profesionales reclaman más coordinación en la atención al menor

La normativa no da seguridad ni a niños ni a trabajadores, dicen los expertos

El estudio considera escasos los controles a los centros; los Gobiernos discrepan

Hoy, tras la publicación de ese estudio, está bastante más que en entredicho el servicio que ofrecen algunos de ellos. El texto habla de castigos físicos, de celdas, del oxímoron terrible que parecía ya olvidado de la "colleja educativa". Y ni siquiera se trata sólo de esas irregularidades en sí. Más allá, late en el fondo de la polvareda que se ha levantado la conveniencia de que una atención pública tan delicada como es la de los menores más conflictivos se deje en manos privadas. Se trata, una vez más, del encarnizado debate que se ha dado con muchos servicios públicos, pero con la diferencia de que en la sanidad o la educación hay comunidades que apuestan claramente por la gestión pública (Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo) y otras son acusadas permanentemente de privatización (como Madrid).

En la Comunidad de Madrid, una portavoz explica que los centros de protección de menores con problemas de conducta requieren recursos muy especializados, por eso buscan asociaciones y fundaciones con larga tradición. Además, menciona un acuerdo entre poderes públicos y sindicatos para contratar este tipo de servicios. El responsable de relaciones sociales del Ararteko (equivalente vasco al Defensor del Pueblo), Fermín Barceló, habla de algo parecido, de una situación heredada de hace décadas en la que estos servicios eran considerados de beneficencia y, por tanto, quedaban a merced de la buena voluntad de los particulares (asociaciones, órdenes religiosas...).

Sin embargo, para Javier Urra, psicólogo forense y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, las Administraciones se han "desresponsabilizado" del problema. Un problema que va en aumento -asegura el Defensor del Pueblo que hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida-, aunque las situaciones más complicadas son relativamente pocas: unos 800 menores ocupan plazas en los centros por problemas graves de conducta. Pero es muy incómodo, porque se trata de atender a unos chavales a veces agresivos, antisociales, con problemas de autocontrol, pero, al fin y al cabo, menores que deben ser tratados como tales, con todas las prevenciones y cuidados y las acciones educativas que puedan sacarles adelante.

Así, Barceló señala otra razón de la gestión privada de esos servicios: el dinero. Según el informe del Defensor del Pueblo, el coste medio diario de una plaza en un centro privado es de 127 euros al día, y en uno público, entre 300 y 350 euros. El ahorro es un argumento repetido, más o menos veladamente, a favor de la gestión privada de los servicios públicos, amén de una presunta mayor eficiencia, flexibilidad y capacidad de reacción ante los problemas, como ocurre con este mismo debate en la sanidad o la educación.

Pero como ocurre en la sanidad o la educación, esa diferencia de costes la pagan muchas veces las condiciones laborales de los trabajadores. El sueldo medio de los educadores de estos centros es "excesivamente bajo", de unos 800 euros mensuales de media, según el informe del Defensor.

En la Fundación O'Belén, algunas de cuyas residencias son de las peor paradas del informe, el sueldo base de los educadores es de 977 euros al mes, 886 euros si se trata de un educador auxiliar, según el convenio colectivo de la fundación de 2006. Sin embargo, Antonio Tort, de la directiva de la asociación Dianova, dice que los sueldos de sus empleados están "algo por encima" de lo que establece el convenio del sector de la intervención social (entre 1.134 y 1.431, dependiendo del nivel de formación). Además, Tort habla de una baja rotación de sus trabajadores (en torno al 15%).

Entre Dianova y O'Belén acumulan 12 de los 58 centros estudiados por el Defensor. El primero no sale especialmente mal parado en el informe. Entre los dos gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de 12 O'Belén), más del 90% procedentes del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las Administraciones. Entre las otras 39 entidades que gestionan este tipo de centros hay de todo. Desde órdenes religiosas (aunque pocas), como la Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios (con un centro en Palencia), a una sociedad mercantil, Empresa de Servicios Integrados Clece, dedicada a todo tipo de servicios de limpieza, catering o atención social, presente en Guipúzcoa.

Muchas voces dentro del entorno de la atención a menores se quejan de que se trata, sin más, de empresas que tienen un presupuesto y han de cuadrar las cifras como objetivo primordial, pero éstas defienden su función social y su falta de ánimo de lucro. Ésa es la figura jurídica (de asociación o fundación) que tiene la mayoría. Pero las malas condiciones que, en general, señala el informe del Defensor están ahí: los sueldos, una "alta rotación" de los empleados y, en definitiva, una falta de seguridad imprescindible en un trabajo en el que recibir insultos, tal vez que te rompan el coche e incluso ser víctima de una agresión es parte de la cotidianidad.

"Yo lo dejé por las condiciones laborales, no por el trabajo, aunque es muy duro, pero siempre compensa por los chavales", asegura Carlos Ayuso hablando de su paso, allá por 2000, por el centro de Azuqueca de Henares gestionado por O'Belén. Cobraba entonces unas 100.000 pesetas (600 euros) y doblaba muchas veces el horario que ponía en su contrato, dice este maestro, que hoy trabaja en un centro escolar que atiende a jóvenes con problemas de conducta, lo que incluye a chavales de centros de protección y de reforma de menores (estos últimos acogen a chicos condenados por algún delito). Unos chavales, además, que necesitan figuras de referencia, personas que se ganen su confianza y no estén continuamente cambiando.

En cualquier caso, Ayuso defiende con insistencia la dedicación y el esfuerzo de los empleados de esos centros. También el Defensor: "Hemos podido constatar, en muchos casos, la entrega generosa de estos profesionales [...] Y, en otros, los difíciles equilibrios que han de realizar, obligados a moverse en el delicado espacio existente entre la necesidad de imponer unas normas para garantizar sus puestos de trabajo o dejarse guiar por el cariño y el sentido común [...] Entre aplicar métodos estrictamente punitivos y disciplinarios o métodos pedagógicos. Una elección difícil en la que siempre sale mal parada la libertad. Y la libertad es un atributo esencial en la tarea de los educadores".

Así, muchas veces quedan relegadas las intervenciones educativas con los jóvenes y sólo quedan los elementos de contención, dice el Defensor. Por la falta de formación de la que se quejan los educadores, pero también por la inexistencia de políticas coordinadas de intervención. Hay una variedad de programas que "no responde a una planificación previa basada en las necesidades de los menores, y, de hecho, en la práctica, se deriva a los menores, no en razón de indicaciones diagnósticas, sino más bien de las plazas vacantes". Tampoco hay planificación territorial, de modo que Asturias, Extremadura, Baleares o La Rioja no tienen centros y estos chavales se desplazan a otras comunidades, muchas veces no precisamente al lado. Por ejemplo, en el momento en que se hizo el informe (2008), La Rioja tenía a tres jóvenes en un centro andaluz.

Pero no sólo falta organización entre los centros, sino entre la enorme variedad de recursos que existen en torno a los menores (las residencias son, o deberían ser, el último cartucho, cuando todo lo demás falla), entre ayuntamientos, Gobiernos autónomos, fiscalías de menores, a veces servicios duplicados o multiplicados con nuevos nombres y distintas concesiones de todo tipo. A Álvaro Hernando, director del aula educativa de Tetuán, en Madrid, donde trabaja Carlos Ayuso, le preocupa esa descoordinación. Insistiendo en la "falsa rentabilidad" de una inversión que, aunque sea más barata, no funciona, habla de cómo se diluyen las responsabilidades en esa maraña de recursos. "Una cosa es el valor del trabajo de las ONG, de las asociaciones, y otra delegar la responsabilidad del Estado en ellas", se queja el profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Ignacio Campoy. Y aunque él cree que la gestión privada no es la ideal, si se usa debe hacerse con un gran control, añade. Y, al parecer, en ese punto hay muchas lagunas, empezando por la normativa.

Javier Urra señala una gran diferencia entre estos centros de protección y los de reforma, para menores que han cometido delitos. Aunque en estos últimos también se ha dado recientemente un giro hacia la gestión privada (asociaciones y empresas llevan más del 70% de estos centros, según el último recuento que hizo este periódico en 2007), con ellos hay normativas y reglamentos claros, normas de actuación y régimen interno que han de cumplir todos.

Aunque el batiburrillo legal va más allá (cada comunidad ha desarrollado de una manera distinta la ley de protección jurídica del menor de 1996, con situaciones dispares sobre cómo atender a los menores tutelados, incluso cuándo hacerse cargo de ellos), Fermín Barceló, de Ararteko, insiste en las normas de las residencias: "Muchas veces, entre la ley y el pliego de condiciones de los concursos públicos para conceder el servicio no hay nada". Aunque es cierto que hay excepciones: el Defensor del Pueblo señala normativa muy específica en Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla y León.

Urra, independientemente de que se trate de centros públicos o privados, explica una serie de requisitos mínimos que han de cumplirse y que, aunque seguro que hay residencias y profesionales que ya lo hacen, ahora no están garantizados para todos. Primero, que los centros cuenten con un personal que goce de buenas condiciones laborales, de un equipo directivo estable y unos trabajadores con experiencia. Además, deben estar muy claros los derechos, pero también los deberes de los menores (es muy importante que estos chicos, dice, aprendan que hay que respetar normas).

Es probable, añade, que haya que castigarles en alguna ocasión, y también que haya que separarles del grupo, pero todo eso debe tener unos límites muy claros y muy regulados, para protección de los chavales pero también de los trabajadores, añade Urra. La Comunidad de Madrid va a aprobar esta semana un protocolo de actuación con la Fiscalía de Menores para que el órgano judicial supervise y autorice cada decisión relevante (véase, un castigo) en las residencias.

Pero, por mucho que se regule, siempre habrá que establecer un estricto control. Las comunidades insisten en la calidad y continuidad de las inspecciones a los centros. Andalucía habla, como mínimo, de una al año. La Comunidad de Madrid y Cataluña, de inspecciones constantes (por sorpresa en el caso catalán) para revisar desde las instalaciones y la alimentación hasta la preparación de la plantilla de profesionales y el plan educativo. Para el Defensor del Pueblo, "ninguna de las Administraciones hace un seguimiento frecuente [...] y muy pocas mantienen un contacto regular y fluido con los menores [...] La vigilancia que los fiscales deberían realizar [...], que debería ser al menos semestral, es muy escasa". En definitiva, la vigilancia de los centros "a través de inspecciones frecuentes y minuciosas, no recibe la importancia que merece".

¿Pasaría lo mismo si fueran centros gestionados directamente por la Administración? Difícil respuesta, pero, en cualquier caso, está claro que, según una de las conclusiones de las 469 páginas del informe del Defensor, los modelos de intervención actuales no funcionan: "Adolecen de una alarmante falta de garantías de los derechos de los menores y limitan en muchos casos sus posibilidades de desarrollo". Y es de esto último, lo de intentar sacar adelante a estos chavales, los más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión, de lo que se trata. ¿No?