Centros de protección de menores

Durante tres años he trabajado como educadora en diferentes centros de protección de menores. Estos servicios están gestionados por entidades privadas aunque financiados con fondos públicos. La privatización de estos servicios ha traído consigo una situación de grave precariedad, tanto para los profesionales que nos dedicamos a ello (sueldos muy bajos, jornadas de hasta 42 horas, alta peligrosidad laboral, escasez de medios y recursos, etcétera) como para los menores que reciben estos servicios, y que sufren también que sus educadores, en muchos casos sus únicas figuras de referencia, dejen el trabajo o continúen en condiciones que no les permiten ejercer una labor educativa de calidad. Si bien es cierto que muchas cuestiones están siendo desvirtuadas y sacadas de contexto, no lo es menos que era necesaria una intervención por parte de los poderes públicos, que durante años han permitido que supuestas fundaciones o asociaciones "sin ánimo de lucro" conviertan la protección de menores en un rentable negocio a costa del bienestar de la infancia maltratada. Son muchos los casos de menores que han terminado en cárceles o enganchados a la droga. Éste debería ser un argumento lo suficientemente sólido como para hacernos reflexionar acerca de qué está ocurriendo en los centros en los que supuestamente se educa a estos chicos y chicas.