Los jueces proponen servicios mínimos sólo para casos urgentes

Ya está resuelta una de las principales dudas que se cernía sobre la huelga de jueces del próximo día 18. Los magistrados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Castilla-La Mancha, Tarragona, Extremadura y Majadahonda (Madrid) proponen como servicios mínimos un juez de cada 10 en cada orden jurisdiccional y una sección de Audiencia Provincial por cada 10 de la misma sede. También respetarán las actuaciones de servicios de guardia, las causas con preso o detenido y la tramitación de asuntos urgentes (registros, medidas cautelarísimas, violencia sobre la mujer...). El decreto-ley que regula el derecho de huelga establece que corresponde a "la autoridad gubernativa" la fijación de los servicios mínimos. En la judicatura, esa autoridad sería el Consejo General del Poder Judicial.

Las asociaciones Foro Judicial Independiente (FJI) y Francisco de Vitoria (suman 820 afiliados) se han unido a la convocatoria del día 18. Los que promovieron la movilización para ese día en las juntas y asambleas del pasado 21 de enero mantienen, además, las reivindicaciones económicas como uno de sus principales caballos de batalla, según los preavisos enviados al CGPJ. Unas reclamaciones que dejaron aparcadas las asociaciones en su reunión con el ministro de Justicia el pasado 26 de enero.

JpD rechazó ayer por abrumadora mayoría la convocatoria de huelga. Se suma así a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que se mantiene en el plan inicial de dejar la huelga para junio y sólo si las negociaciones con el Gobierno fracasen.

Representantes de las asociaciones Francisco de Vitoria y del FJI acudirán esta mañana al CGPJ y al Ministerio de Justicia para notificar la convocatoria de huelga. Ambos colectivos consideran que, a partir de ese momento, cualquiera de los más de 4.500 jueces y magistrados que hay en España podrá secundar la protesta, al margen de las decisiones de las juntas o asambleas de jueces de su partido judicial, provincia o comunidad autónoma. Los convocantes han constituido un comité de huelga de cinco personas en el que han delegado su representatividad muchos de los más de 850 jueces de las 32 ciudades españolas que apoyaron la protesta.

Con todo, los convocantes están pendientes de la decisión que adopte el CGPJ el próximo lunes. En un pleno extraordinario, se pronunciará sobre la legalidad de la huelga. "No me cabe en la cabeza que se prohíba, porque es un derecho fundamental, pero si así fuera, lo acataríamos y recurriríamos ante el Supremo", explicó Sebastián Moralo, representante de Francisco de Vitoria. Los convocantes también confían en que en esa reunión se fijen los servicios mínimos, que también recurrirán si los consideran abusivos.

Más allá del próximo día 18, las asociaciones FV y FJI solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno, con el presidente del Poder Judicial y los de las comunidades con competencias transferidas. El 18 de abril acudirán al Ministerio de Justicia para reclamar las reivindicaciones pendientes y mantienen la convocatoria de huelga para el 26 de junio.