Son malos tiempos

Allá donde la dan voz, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias denuncia motu proprio la situación lamentable de las cárceles españolas: el hacinamiento, la falta de compromiso de la sociedad española con los internos, la escasa colaboración de otras Administraciones, y ahora, que el 25% de la población reclusa son "enfermos mentales", que acaban en la cárcel porque no hay psiquiátricos. A falta de soluciones reparte responsabilidades.

A mi modesto entender, la sanidad penitenciaria debe incorporarse al sistema público de salud, con todas las consecuencias; es la única forma de sacarla del gueto sanitario en el que estamos ahora mismo metidos, normalizar la atención a los internos y alcanzar la mejor salud para ellos y para los trabajadores penitenciarios, entendiendo como tal no sólo la ausencia de enfermedad, sino todas aquellas medidas y actuaciones encaminadas a conseguir "un estado de completo bienestar físico, mental y social", como la OMS propone. Otra cosa es que esto pueda hacerse efectivamente. Al alejar las prisiones de las ciudades se ponen obstáculos insalvables a la normalización de la vida en el interior; se ha permitido que los funcionarios acumulen 14 y 18 horas de trabajo diario para evitarles desplazamientos; la organización de los servicios y las funciones de los puestos de trabajo están regulados por el Reglamento de 1981, una norma ya muy rancia, pero que permite recortar la oferta pública de empleo cada año; los Equipos de Observación y Tratamiento carecemos de los recursos personales y técnicos mínimos, no ya para llevar a cabo el tratamiento individualizado pretendido por la ley, sino siquiera suficientes para humanizar la privación de libertad y mantener la vinculación de los presos con su entorno social más inmediato.

Éstos y otros, que aquí no caben, son problemas, no pequeños, de gestión política, que están sin resolver y que aliviarían la situación de catástrofe carcelaria, que contradictoriamente denuncia, ante sí misma, la que es máxima responsable del servicio público penitenciario.