El Defensor del Menor investiga la situación de las escuelas infantiles

El Defensor del Menor, Arturo Canalda, investiga a pie de centro cómo afectan los nuevos decretos de infantil aprobados por la Comunidad de Madrid a las escuelas públicas y privadas de la región. Es un compromiso que adquirió en la Asamblea de Madrid y con los padres y educadores que han enviado más de 70 quejas a su oficina desde que se publicaron las nuevas normativas autonómicas, en vigor desde este curso.

Los nuevos decretos permiten aumentar las ratios de alumnos por aula, eliminan la necesidad de una titulación específica de los educadores, permiten construir centros sin patio propio y establecen que sea Educación quien elija a los directores.

"Nos avisaron por teléfono y vinieron a ver la escuela", explica la directora de una de las escuelas infantiles públicas visitadas por Canalda. Es un centro público del sur de Madrid con un centenar de alumnos menores de tres años. Una asesora del Defensor visitó durante una mañana las instalaciones antes de Navidad. Habló con la directora y con la coordinadora pedagógica, revisó las instalaciones y comprobó la actividad de las docentes y los menores in situ, según la directora. "Le mostramos la actividad del aula de mayores con 20 niños para que viera que una sola educadora no da abasto para vigilarles, cambiarles el pañal y lavarles las manos".

"La educación no es un juego", se leía ayer en un cartel de la protesta

Canalda se comprometió a revisar la situación de los centros de educación infantil en la Asamblea el pasado mayo. "Hasta que no vea cómo se implanta y cuál es el resultado del decreto, no me voy a pronunciar", señaló el Defensor en aquella comparecencia, realizada a petición del PSOE.

Su oficina recibió además 70 quejas relacionadas con los decretos, que agruparon en un único expediente. Algunas, según dijo Canalda en la Asamblea, "muy específicas de niños con problemas de salud y que entienden que el decreto sí les puede afectar". La mayoría responden a un modelo tipo promovido por la Plataforma por la Defensa de la Educación Infantil 0-6 de Madrid. En ella, acusan a la Comunidad de Madrid de "vulnerar el derecho a la educación de los menores", transformar "el modelo público en uno privado" y considerar la educación infantil "un negocio y no un derecho". Con esa misma argumentación, sindicatos, padres y educadores han protagonizado dos días de movilizaciones y huelga en la red pública de escuelas infantiles, formada por casi 400 centros. La protesta concluyó ayer con una manifestación en Sol en la que participaron cerca de 5.500 personas, según los cálculos de este periódico.El trabajo de campo del Defensor del Menor sobre infantil se extenderá todo el curso, según confirmó ayer una portavoz de su oficina, que indicó que los asesores de Canalda han visitado ya 30 centros tanto públicos como privados. En mayo elaborarán un informe con propuestas para llevarlo a la Asamblea. El equipo del Defensor revisa, entre otros temas, el aumento de ratios en las aulas de infantil. El decreto de mínimos permite pasar de 16 a 20 niños en las aulas de 2 a 3 años. También amplía el número de alumnos en las clases de 1 a 2 años (que pasan de 12 a 13 niños) y deja con ocho niños la de los menores de un año. Esa subida no va aparejada a un aumento de profesionales. Basta con un trabajador cualificado por aula más uno de refuerzo para toda la escuela.

La propuesta queda lejos de la recomendación que hizo hace más de 10 años la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, cuyo objetivo para 2006 era de un especialista por cada cuatro menores de un año, por cada seis niños de dos años y uno para un máximo de ocho niños de tres. Eso significa justo el doble de lo que marcan los nuevos decretos.

La Plataforma 0-6 de Madrid considera que las ratios que recomienda Europa no se cumplen ni en Madrid ni en otras comunidades autónomas porque no son una obligación marcada por una ley estatal. "Existe un marco nacional para todos los niveles educativos excepto para el de 0 a 3 años, eso permite que cada comunidad autónoma regule a sus anchas", protesta Alicia Alonso, portavoz de la Plataforma, que asegura que la situación es similar en otras comunidades, como Andalucía, en la que gobierna el PSOE. "Protestamos contra las políticas educativas de Madrid pero también exigimos un marco general", añade.

La última protesta de la comunidad educativa terminó ayer tras dos días de huelga que respaldaron el 80% de los profesionales, según los convocantes. La Comunidad rebaja el porcentaje al 43% el primer día y el 38% el segundo. Una manifestación entre la Plaza de la Villa y Sol cerró ayer por la tarde la protesta. Participaron alrededor de 5.500 personas, según cálculos de este periódico. Entre 11.000 y 14.000, según los convocantes, los sindicatos CC OO, UGT, CSIT-UP y CGT. En un ambiente festivo y muy ruidoso, corearon consignas contra la "privatización" de la educación infantil, informa Beatriz Jiménez.

"Queremos educarlos, no criarlos como monos", era el lema mostrado por un profesor en una pancarta. En otra, unos niños pequeños se preguntaban "Quién da la vez para hacer pipí". El mensaje era claro y lo afirmaba otro pequeño cartel en mitad del gentío: "La educación no es un juego". Un grupo de jóvenes animó la marcha con una batucada, a la que los manifestantes se unieron con silbatos, bocinas o cencerros. Todo valía para hacerse oír. "Una protesta ruidosa pero no menos contundente", afirmaban en la parte delantera de la marcha, encabezada por una pancarta por la dignidad de la educación infantil.