El TSJA tumba el PGOU de Chiclana por irregularidades en la tramitación

El planeamiento urbanístico de Chiclana (Cádiz) vuelve a quedar en el aire. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad, aprobado por la Comisión Provincial de Cádiz en marzo de 2007, y que había sido recurrido por una docena de particulares, promotores y colectivos ciudadanos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que el documento no ha seguido los trámites legales para su aprobación. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición de PSOE, PSA e IU, ha anunciado que recurrirá esta última sentencia ante el Tribunal Supremo.

No es la primera vez que los intentos del Consistorio por dotarse de un instrumento de planeamiento quedan paralizados por la justicia: los tribunales anularon también el primer documento, de diciembre de 2003, y un texto posterior aprobado en el año 2005. En esta ocasión, la sentencia del TSJA no entra en el contenido del documento, sino que se refiere al incumplimiento de los pasos necesarios para que éste tenga validez, como su sometimiento a información pública, que según la sentencia no se llevó a cabo, o la aprobación inicial que para la Sala debía haberse llevado a cabo después de que la administración subsanase los defectos detectados en anteriores fallos.

Los tribunales ya paralizaron el plan en 2003 y en el año 2005

El hecho de que la sentencia no cuestione el texto del plan es, para el equipo de gobierno, una garantía de que el documento puede seguir vigente hasta que el caso se cierre definitivamente. El Consistorio, en coordinación con la Junta de Andalucía, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que cuenta con un plazo de diez días desde la recepción de la sentencia, que ayer no había llegado aún a manos del equipo de gobierno. Este nuevo episodio judicial demorará aún más la resolución definitiva sobre el planeamiento de Chiclana. El objetivo del Ayuntamiento, por tanto, será conseguir que esta serie de vaivenes judiciales no impidan el desarrollo de la localidad.

El plan supone un instrumento fundamental para conocer el futuro del municipio de Chiclana. Se trata de un elemento de previsión útil no sólo para el Ayuntamiento, sino también para los potenciales inversores que, con un documento en manos de la justicia, pueden reconsiderar sus iniciativas al no tener la certidumbre del modelo de ciudad que se proyecta. Es, precisamente, lo que ahora el Consistorio quiere evitar.

El alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, apuntó al urbanismo como una de sus prioridades cuando en noviembre de 2008 recuperó la alcaldía después de una moción de censura contra su antecesor, el popular Ernesto Marín. Una de sus primeras actuaciones una vez tomó posesión fue, de hecho, reunirse con las cinco federaciones de vecinos más representativas para abordar la forma en que podían regularizarse las alrededor de 15.000 viviendas ilegales que existen en Chiclana. Román anunció también su intención de promover la construcción de 3.000 viviendas protegidas en los próximos años. Para llevarse a cabo con coherencia, todos estos planes municipales requieren de un proyecto de ciudad más amplio, precisamente el que recoge el PGOU que ahora vuelve a quedar en entredicho.