Un juez aprecia indicios de delito en la presunta trama de Madrid

José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ordenó ayer incoar diligencias en el caso de los espionajes en la Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia presentada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos ocho meses.

La actuación del juez se une a la emprendida hace varios días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.

Los altos cargos citados en los partes siguen en nómina de la Comunidad

Los seguimientos se produjeron durante la mayor batalla interna en el PP

Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.

En dichos documentos, que acreditan el espionaje político -y que EL PAÍS puso a disposición de la Fiscalía de Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del "director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos relativos a la seguridad.

Tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta, Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.

El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra, se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al extranjero.

En el primero, realizado en la Semana Santa pasada, González se trasladó a Johanesburgo junto a su amigo Pedro Antonio Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo. Las fotocopias de los billetes de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000 euros, en metálico. El vicepresidente aseguró a EL PAÍS que lo hizo así porque le venía bien.

El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó. González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la información publicada por EL PAÍS, podría haber sido objeto "de distintos seguimientos parapolicías en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".

En la denuncia también se resalta que el espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

Los meses del seguimiento parapolicial por presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del partido.

En el mismo periodo precongresual, en mayo de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de la Comunidad de Madrid le estaba espiando. De hecho, en dos ocasiones le intentaron tomar fotografías en distintos actos privados.

Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de contratos que consideraba irregulares.