Anomia judicial

Saben bien jueces y magistrados que la administración de justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. En el estudio de opinión publicado por el CIS en septiembre del año pasado, antes pues de la demagógica salida de tono del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno con motivo de la multa impuesta al juez Tirado, sólo un 0,6% se mostraba muy satisfecho por el funcionamiento de la justicia mientras algo más del 29% creía que no podía funcionar peor. Ningún otro servicio público -sanidad, educación...- merecía tan pésimas calificaciones.

Este malestar ciudadano con la justicia no es de hoy ni de ayer, es de toda la vida. Si acaso, no ha hecho más que empeorar. Y ha subido al máximo nivel con la evidente desproporción entre una negligencia judicial con resultado trágico y la sanción impuesta al juez por sus pares. La acusación de corporativismo -que un magistrado del Tribunal Supremo desprecia ahora como una insidia, olvidando que hace unos meses él mismo calificaba el "corporativismo judicial" como un mal contra el que nada había hecho el anterior Consejo- se ha extendido como una plaga y ha provocado una reacción en cadena, con las asociaciones judiciales actuando como auténticos sindicatos corporativos, convocando asambleas bajo el manto de juntas para votar si los jueces van o no van a la huelga.

¿Tan exasperados y revueltos andan los ánimos para nublar la razón y perder el rumbo amenazando con una huelga general al mismo Estado, del que los jueces son un poder fundamental? El lenguaje utilizado en los correos electrónicos para caldear los ánimos es preocupante por su desprecio a los procedimientos legales que ellos son los encargados de administrar. La misma idea de lanzar un llamado "Movimiento 8 de Octubre" y convocar en juntas de jueces una huelga para el 18 de febrero -con lo que significa en España la voz "movimiento" seguida de otra fecha, un 18, por cierto- indica bien el extravío inducido por una inaceptable intromisión del Gobierno contra una sanción del Consejo que sonaba a su vez como un sarcasmo.

Como es habitual desde hace unos años, avanzamos con paso firme por la senda de la desinstitucionalización. El CGPJ es un organismo del Estado, que tendría que ser -y además parecerlo- independiente del poder ejecutivo. No lo es desde la aciaga ocurrencia de 1985, cuando el Tribunal Constitucional condonó de mala gana el método de su designación. Parte no pequeña de la responsabilidad por esta deriva recae sobre las mismas asociaciones de jueces, que en su génesis no fueron, ni en su práctica han sido nunca meramente profesionales, sino político-sindicales, la vía para que sus dirigentes alcanzaran posiciones de poder político. Ahora, cuando el Consejo ha perdido prestigio y autoridad, las asociaciones pretenden dirigir el malestar acumulado, sorprendidas y sobrepasadas por no asociados que ponen en marcha un movimiento apadrinado por los jueces decanos que, a su vez, convierten las juntas en asambleas para caucionar lo que ha nacido al margen de la ley. Todo bajo la mirada perdida del Ministerio de Justicia y la demagogia populista de Presidencia.

Y así tenemos una cadena explosiva: Presidencia, ministerio, Consejo, asociaciones, decanos, juntas asamblearias y, para colmo, movimiento. Un disparate. Ya fue bastante anómalo, aunque el Gobierno prefirió mirar hacia otro lado, que el Movimiento desembocara en la huelga encubierta de 21 de noviembre. Pero lo que ahora amenaza es harina de otro costal: una huelga general, viejo patrimonio de la clase obrera, que convierte a los jueces en trabajadores por cuenta ajena, eufóricos porque ha sonado la hora de "enseñar los dientes". Si es que no seduce también a la minoría de agitadores electrónicos lo que un dirigente del sindicato de controladores aéreos tuvo la desfachatez de enunciar con todas sus letras: somos los únicos con poder para derrocar a un gobierno; es lo que pasa cuando un sindicato se convierte en un gremio de detentadores exclusivos de un poder: que engendra impulsos golpistas.

El corporativismo gremial, la sumisión al Ejecutivo y la violencia sobre la Constitución, alargando sine die el mandato del anterior Consejo, tenían que pasar factura. Ya vemos el coste: jueces anómicos, que se ponen los procedimientos por montera y que actúan como los añorados PNN de universidad en tiempos de otro Movimiento: cerrando las aulas y declarándose en huelga. Y luego lamentarán que en España el servicio público de administración de justicia sea el peor valorado de todos, incluyendo los de correos y ferrocarriles. -