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Espionaje político en la Comunidad de Madrid

Rajoy exige responsabilidades y abre la guerra con Aguirre

El líder del PP no asume el desmentido de la Comunidad de Madrid y ordena a Cospedal y Mato que inicien una investigación sobre la trama de espionaje

Aguantó cuatro días. Se lo pedía casi todo su entorno y, al final, Mariano Rajoy, rompiendo con su tradicional prudencia, decidió abrir la guerra sin cuartel con Esperanza Aguirre. El líder ha hecho caso omiso al desmentido de la Comunidad de Madrid y ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación interna para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".

Los aguirristas lo tomaron inmediatamente como una agresión directa, porque insisten en que no hay que investigar porque es una "gran mentira". La propia Aguirre ha hablado con dirigentes importantes del PP -Rajoy, Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato-, para intentar convencerles de ello. Les ha dicho que la estructura en la comunidad es la misma ahora que en tiempos de Gallardón o Leguina.

El líder le concedió el beneficio de la duda el miércoles -"yo la creo", dijo-, pero ayer explotó y ya no da crédito a su desmentido, que ni siquiera se cita en el comunicado. Después de meditarlo mucho, reunirse con Cospedal, Arenas y Mato, y con una nueva víctima encima de la mesa, esta vez un amigo del líder y miembro de su dirección como Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior, decidió lanzarse al cuello de Aguirre. Incluso los dirigentes que aconsejaban prudencia al líder, porque él no podía, decían, "meterse en este barro", se rindieron ayer, al comprobar la estrategia defensiva de los aguirristas, que en lugar de iniciar una investigación interna, aseguran que todo es una gran mentira y no asumen ninguna responsabilidad. "Cuando hemos visto la rueda de prensa, y encima con la investigación de Prada encima de la mesa, que afecta a su familia, el jefe ya no ha aguantado más", señalaba un marianista. Aguirre decidió seguir al contrataque y obvió el comunicado para insistir en que ella reta a cualquiera, incluido Gallardón, a probar que el espionaje ha salido de la Comunidad.

A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Aguirre acudió a una entrega de premios, repitió los argumentos de sus consejeros y dijo que pone "la mano en el fuego por ellos", informa Pablo X. Sandoval. Obviando que Rajoy ha ordenado indagar los hechos, aseguró que la Comunidad no investigará nada por tratarse de delitos.

El enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy viene de lejos. Estos días ha aguantado expresar en público el profundo malestar que, según sus próximos, le estaba provocando lo que ocurre en Caja Madrid. Algunos fieles del líder temían el miércoles que una guerra con Aguirre en este momento podía perjudicar al PP a poco más de un mes para dos elecciones clave, las gallegas y las vascas, y por eso pedían prudencia a los que reclamaban firmeza. Pero ayer todo reventó.

El comunicado es durísimo. "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen. La práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al PP y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria política".

La investigación parte, según el comunicado, "desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública" y la llevarán a cabo la secretaria general, Dolores de Cospedal, y la responsable de Organización, Ana Mato. Ayer mismo, contactaron con las personas aludidas en las informaciones para recabarles datos y citarles en los próximos días para conocer su visión de los hechos. Los primeros a los que se pedirá su testimonio serán Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo Prada y Manuel Cobo. En principio, no tienen previsto citar a Aguirre ni a Gallardón. Su intención es concluir la investigación lo antes posible. Según fuentes del PP, el objetivo es determinar si existe un servicio de seguridad paralelo en la Comunidad, si se han producido seguimientos y, ante la evidencia documental del espionaje a González, quién lo hizo.

Horas antes del comunicado, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, intentó implicar al Ministerio del Interior en el caso. Pons aseguró en TVE que Interior debe explicar cómo los autores de los seguimientos manejaban datos como las matrículas a las que, según él, sólo pueden acceder las Fuerzas de Seguridad. "A lo mejor quien está detrás de esta investigación no necesariamente tiene que ser parte del PP", dijo.

Las evidencias sobre el seguimiento a políticos madrileños

- El ex policía Marcos Peña reconoce que hace informes para el consejero Granados. El ex inspector de policía Marcos Peña, asesor del consejero de Interior, Francisco Granados, desde junio de 2008, declara a EL PAÍS que su trabajo para Granados consiste, sobre todo, en realizar informes reservados, para lo que cuenta con tres ex guardias civiles. "Yo asesoro o hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida. Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Peña aseguró que había investigado el

caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal, Ginés Jiménez, y el caso Ciempozuelos, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex regidor) en la cárcel.

- El vicepresidente, Ignacio González, denuncia a la fiscalía que espías que le han seguido han utilizado información reservada. EL PAÍS consiguió el dossier que incluía las fotos, tomadas desde una cámara oculta, de González y sus acompañantes durante un viaje oficial que efectuó a Cartagena de Indias en agosto de 2008. Para un segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de González y su esposa del viaje privado que efectuaron a Johanesburgo en marzo de 2008, junto al empresario y contratista de la Comunidad Enrique Sánchez González. En su denuncia a la fiscalía por ambos seguimientos, González explica: "Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener en ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos".

- Los espías que siguen al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada hablan del coche oficial del que dispone su director. El equipo que espió en primavera al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, describe en su parte del 22 de abril: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo". Sergio es, supuestamente, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad. Prada, el consejero de Aguirre más afín a Rajoy, fue vigilado en semanas previas al Congreso del partido, tras el cual fue destituido. Granados dijo ayer sobre esa frase referida a Gamón: "Eso no significa absolutamente nada. Es como si [el dossier] dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero"

- El ex delegado del Gobierno en Ceuta con Aznar ofrece a Ignacio González

legalizar el servicio de inteligencia regional. Luis Vicente Moro declara a EL PAÍS que en verano propuso al vicepresidente Ignacio González un proyecto de servicio de inteligencia "para aplicarle legalidad y legitimidad" al que había, y que se había hecho muy popular "entre los expertos en el sector de la seguridad". "Se decía que altos cargos de la Seguridad estaban siendo vigilados por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 2009

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