El miedo de los inversores lleva a mínimos la deuda pública a corto

La huida en masa de la Bolsa y de los mercados de activos financieros, que llevan meses colapsados, ha dado lustre a la deuda pública, como valor refugio en el que guarecer el dinero. Las respuestas a la crisis, con inéditos recortes en los tipos de interés y multimillonarios paquetes de incentivos fiscales, refuerzan aún más su protagonismo. La deuda que los Gobiernos colocan a corto plazo, como la que subastó ayer el Tesoro, se beneficia de unos costes inéditos por lo bajos. La que tiene un horizonte a más largo plazo empieza a reflejar, en la rentabilidad prometida al inversor, las tensiones de un mercado donde se augura una competencia feroz.

La reciente decisión del Banco Central Europeo, que bajó la semana pasada los tipos de interés del euro al 2%, y la aversión al riesgo de los inversores ante una crisis financiera que no amaina están detrás de los resultados de la subasta que culminó ayer la hacienda española. El Tesoro adjudicó 6.113 millones de euros con un coste mínimo: un interés del 1,3% en las letras a tres meses y un 1,4% en las letras a un año. Una portavoz de Economía confirmó que es el nivel de coste más bajo al que se ha emitido deuda pública a corto plazo.

Las emisiones del Tesoro subirán un 68% para cubrir el déficit de 2009

En la colocación de deuda pública con horizonte de amortización más amplio, la confianza en las arcas públicas no es tan rotunda. En la última subasta de bonos a 15 y 30 años del Tesoro se confirmó el calentamiento del precio, con tipos de interés del 4,5% y el 4,8%, respectivamente. Una adjudicación en la que ya planeaba la amenaza, luego cumplida, de la rebaja de calificación a la deuda estatal española de Standard & Poor's. Y, también, la presión que se presupone en un mercado al que los Gobiernos europeos demandarán cerca de un billón de euros para financiar sus planes anticrisis en los próximos meses.

La rebaja de la calificación de AAA a AA+ anunciada por Standard & Poor's -ayer bajó de AA- a A+ el rating de la deuda de Portugal-, se reflejó de forma inmediata en un aumento del diferencial del tipo de interés entre el bono español y el bono alemán, que se toma como referencia en Europa. Economía calcula que el repunte del tipo de interés por la rebaja de calificación empezará a pasar factura en 2010, con un sobrecoste de 170 millones para las arcas públicas.

El Tesoro difundió ayer su programa de emisiones para 2009, que refleja el abrupto cambio en las necesidades de financiación pública. La emisión neta de este año llegará a 86.500 millones, un 68% más que en 2008. Y el saldo vivo en circulación rondará los 447.000 millones, con lo que el peso de la deuda pública pasará este ejercicio del 38,5% del PIB al 47,3%, si se cumplen las previsiones. Economía recordó que aún se está muy lejos del 60% que marca como límite el Pacto de Estabilidad y de la media europea para el mismo periodo (67%).

El efecto benéfico del recorte de tipos se extendió también a la tercera subasta realizada por el Gobierno para inyectar liquidez en la banca. En esta ocasión, como en la primera subasta, el Gobierno ofrecía hacerse con cédulas hipotecarias y bonos de titulización de los bancos que tengan una calificación crediticia alta (al menos AA) con el compromiso de una recompra (repos) a los dos años. Pero el tipo de interés fue sensiblemente más bajo (2,7% de media) y, a diferencia de la primera puja, se adjudicaron los 4.000 millones previstos.

En esta tercera subasta aumentó el número de entidades solicitantes (45 bancos y cajas) y la demanda del préstamo estatal: se solicitó casi el doble del dinero finalmente adjudicado. Además, por primera vez, se reservó una cuarta parte de la subasta a premiar a las entidades por su contribución al aumento de crédito a empresas y familias entre agosto y noviembre. Para saber el listado completo -varias cajas confirmaron ayer que habían acudido a la subasta- de entidades que recurren a la financiación pública y cómo se ha distribuido el dinero ligado al aumento de crédito habrá que esperar a que el Gobierno dé datos en el Congreso.