Quejas para un paro judicial

Jueces y magistrados deciden hoy en juntas y asambleas si van a la huelga. Sobre la mesa, dos propuestas: parar el próximo 18 de febrero sin dejar prácticamente margen al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atender sus reivindicaciones -como reclaman los jueces de Extremadura, Murcia, Zamora y otros 255 de todo el país- u organizar un acto revindicativo para ese día y dejar la huelga para junio -como pactaron las asociaciones de jueces- si no se dan pasos en la dirección que ellos piden. Esto es lo que reclaman.

- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.

- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.

- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.

- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.

- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.

- Conciliación entre la vida laboral y la familiar.

La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.