Una de jueces

Los jueces parecen convencidos de la necesidad de hacerse oír. Concluyen que sus reivindicaciones necesitan ir acompañadas de un mayor poder de percusión para obtener la respuesta precisa. Por eso andan decididos a utilizar el arma de la huelga de la que se sirven otros empleados, aunque la legitimidad de ese recurso por parte de quienes forman parte de uno de los poderes del Estado ofrezca muchos reparos fundamentales. Mientras llega la hora de los acuerdos o del desafío, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a impulsar la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo del Poder Judicial y el diálogo con los sindicatos de funcionarios y secretarios judiciales para encontrar respuesta a las demandas de modernización de la Administración de justicia reclamadas por la sociedad.

También quiere impulsar la compatibilidad de los sistemas informáticos implantados en los juzgados y tribunales, porque sucede que en cada automía se ha informatizado conforme a sistemas que después se han descubierto incompatibles. Es decir, que la incompetencia ha derivado en despilfarro ineficiente. El ciudadano se asombra del impecable funcionamiento informático de la Agencia Tributaria, que a todos nos pide cuentas, mientras ha de sumergirse en el caos cuando es él quien las pide acudiendo a los tribunales en demanda de justicia para su causa. El Congreso ha logrado también que le sea remitido por el Gobierno el proyecto de reforma de las leyes procesales con el objeto de implantar definitivamente la nueva Oficina Judicial. Es de suponer que para terminar con el desbarajuste actual al que se ha llegado con la superposición de cuerpos de carácter estatal, cuyos miembros son asignados a sus puestos por el CGPJ, en el caso de los jueces, y por el Ministerio de Justicia, en el caso de los secretarios judiciales, junto a otros cuerpos que reciben sus emolumentos de sus respectivas haciendas autonómicas. De forma que resulta una oficina judicial ingobernable, donde es imposible advertir un rastro de autoridad.

La tabla de reivindicaciones de los jueces tiene elementos coincidentes con los apuntados pero incide en otros asuntos donde asoman trazas corporativistas y cuestiones salariales. Estima el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, que el sueldo de un juez puede comenzar en los 3.000 euros mensuales y llegar hasta los 6.000. Son cifras incomparables con las de otros funcionaros como los registradores de la propiedad, cuyas percepciones pueden situarse entre los 60.000 y los 100.000 euros al mes. Es un caso interesante porque el registro funciona, para entendernos, como una franquicia del Estado concedida a sus titulares, sin que genere gasto alguno de los Presupuestos Generales. La impresión del público sobre el funcionamiento de los registros merece una nota muy alta, los retrasos son mínimos y sus sistemas informáticos inobjetables. De ahí que cuando en la pasada legislatura Izquierda Unida presentó una proposición de ley para revisar la cuestión de los Registros se dejaran oír dos escuelas de pensamiento. La de IU para quien estábamos ante un abuso a corregir y la del portavoz del PP que atisbaba en los Registros un original modelo de franquicia conforme al cual podría intentarse la modernización pendiente de otras funciones de la Administración del Estado.

La clave que explica las diferencias entre juzgados y registros reside en la fuerte motivación del registrador frente al desmayo del juez y de los funcionarios de Justicia. Porque, entre tanto, durante estos años se han aumentado las inversiones, multiplicado el número de juzgados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, se ha mejorado la formación de todos los cuerpos que intervienen en la Administración de justicia, modernizado las infraestructuras, así como los medios materiales y se ha procedido a la informatización, si bien con el empleo de sistemas incompatibles como más arriba se ha dicho. Subrayan los expertos las medidas de la Ley 19/2003 que redefinen auténticas carreras profesionales y promueven nuevas responsabilidades para los diversos cuerpos de funcionarios además de los aumentos retributivos que han sido significativamente más altos en Justicia que en cualquier otro sector de la Administración Pública. Claro que dichos aumentos presentan un rasgo común consistente en que el crecimiento retributivo para nada comporta compromisos de sus beneficiarios en la mejora del servicio público y sigue un modelo lineal que no atiende a las contraprestaciones profesionales exigidas, ni se relaciona con la consecución de objetivos. Sólo la transparencia puede salvarnos. Continuará.