Sanxenxo y la Xunta se enfrentan por unos vertidos

El Ayuntamiento de Sanxenxo, que dirige la popular Catalina González, afronta un nuevo desencuentro con la Xunta. Esta vez por una sanción de 80.000 euros derivada de unos vertidos de aguas residuales no autorizados en la playa de A Granxa, registrados en marzo del año pasado.

Las autoridades locales afirman que la Consellería de Medio Ambiente se equivoca ya que "tanto el mantenimiento como la gestión" del pozo de bombeo de A Granxa depende del Ayuntamiento de Poio a través de la empresa concesionaria Aquagest y anteriormente Ferrose". El Ayuntamiento ha presentado un recurso de reposición contra la sanción.

El concejal de Vías e Obras de Sanxenxo, Tino Martínez, asegura que "este bombeo recibe en un 90% las aguas de los vecinos de Poio". "Medio Ambiente nos multa a nosotros y en Poio invierte 226.669 euros en saneamiento", añade. El edil lamenta que el Ayuntamiento no haya recibido notificación alguna ante la solicitud de financiación para llevar a cabo obras de saneamiento y abastecimiento de aguas en varias parroquias de la villa. "Todo esto muestra, una vez más, la discriminación del Gobierno gallego con los ayuntamientos de distinto color político".

El regidor criticó también "el chantaje y la coacción a los que Medio Ambiente somete" a los vecinos, en especial a los de la parroquia de Dorrón, dice, "por no querer asumir una depuradora que solucionaría principalmente los problemas de Poio". Y éste es, de hecho, el problema de fondo entre ambas administraciones: la instalación de una EDAR en Sanxenxo compartida por los dos municipios no convence en la villa turística.