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¿Hasta cuándo y hasta dónde la impunidad de Esperanza Aguirre?

En la Comunidad de Madrid vivimos una situación sin precedentes, que tiene que ver con un concepto absolutamente instrumentalizador de la política, entendida únicamente al servicio de los intereses partidistas o, para ser más exactos, de la dirección del Partido Popular de Madrid, que protagoniza Esperanza Aguirre a costa de convertir la región madrileña en el campo de pruebas del ultraliberalismo económico.

Esperanza Aguirre nada a contracorriente, sin complejos: cuando la Comunidad de Madrid atraviesa una intensa crisis económica que se deja sentir con crudeza en el empleo y, por tanto, en las condiciones de vida de la población madrileña, el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre restringe el gasto público.

La mayoría absoluta del PP impondrá una normativa sobre Caja Madrid no consensuada ni consultada

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Cuando el diálogo social subraya su necesario protagonismo para hacer frente a una situación económica y laboral sin precedentes, y consecuentemente también el papel de los sindicatos como representantes y vertebradores de intereses sectoriales y generales de los trabajadores y las trabajadoras, con capacidad, por tanto, de intervenir en las políticas públicas, Esperanza Aguirre considera que se trata de una intromisión inaceptable en el campo de la política, que sólo los partidos, y en particular el partido de gobierno, pueden desarrollar, e inicia un ataque sin precedentes, repleto por cierto de insultos y descalificaciones, también contra las estructuras sindicales, que no es sino un ataque a la propia política, a la propia democracia.

Cuando la iniciativa pública es más necesaria para dinamizar la economía madrileña, cuando más preciso es interponer medidas que mantengan y generen empleo, que protejan a las personas desempleadas, que garanticen la universalidad y gratuidad de la sanidad y la educación, Esperanza Aguirre habla de mercado.

Cuando más importante es garantizar la igualdad, la equidad y la cohesión social, Esperanza Aguirre deja de invertir, recorta brutalmente el Presupuesto de la Comunidad de Madrid y pone el gasto público al servicio de la financiación de lo privado.

Y lo hace a través del recorte de las inversiones, de que se incrementen de manera abrumadora los conciertos educativos y fórmulas privadas de gestión hospitalaria, así como las transferencias a las familias para la compra de servicios, que deberían estar garantizados desde la oferta pública, a la empresa privada, cada vez a menor precio, cada vez de menor calidad, cada vez más residuales, de carácter más asistencial. Se le llama, eso sí, "optimización del gasto público".

Pero lo hace también a través de la enajenación de lo público, desde un concepto de cortijo de lo que significa gobernar, que implica la transformación del Canal de Isabel II, empresa pública responsable del abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, que año tras año obtiene importantes beneficios económicos que van a parar a las arcas públicas y, por tanto, revierten en beneficio de la ciudadanía madrileña, que se convierte en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49% de las acciones; la mercantilización de un bien como el agua supone incorporar criterios de mercado, entre ellos el abaratamiento de costes, lo que hace más que dudoso el mantenimiento de los niveles de calidad del agua madrileña.

Sin embargo, el ultraliberalismo económico precisa de una base política totalitaria. Y ahí Esperanza Aguirre también se desenvuelve con soltura.

Es el caso de Telemadrid, en el que la escandalosa manipulación informativa ha sido pareja a la pérdida de credibilidad, imagen y audiencia de este medio de comunicación público, en una constante, que ha venido creciendo de manera simultánea al desarrollo de la acción de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Ambos elementos tienen su punto de articulación en una gestión no sólo desastrosa por parte de la actual dirección de Telemadrid, sino anclada en los más rancios criterios del clientelismo y su imagen reversa, la persecución. Así, decenas de periodistas de Telemadrid han visto mermados sus derechos, su libertad de expresión, su capacidad profesional y han sido objeto de un control continuo.

Y ahora le toca el turno a Caja Madrid.

La nueva Ley Aguirre de Cajas es posible gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, que impondrá por primera vez en la historia una normativa sobre Caja Madrid no consensuada con la oposición ni consultada con los agentes sociales.

Se trata de una normativa que ha entrado "por la puerta de atrás", a través de unas enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, presentadas por el Grupo Popular en la Asamblea con el plazo justo, en el último minuto prácticamente, de tal modo que se ha hurtado la posibilidad del necesario debate, que como en otras materias tampoco ha interesado y las necesarias también modificaciones como consecuencia al texto.

Y es que lo que pretende el Gobierno de Esperanza Aguirre, irrumpiendo de manera grotesca y a todas luces de manera irregular en el proceso electoral convocado por los órganos de gobierno de Caja Madrid, no es otra cosa que el control político de esta entidad financiera, a costa de lo que sea, incluso del propio deterioro de la imagen de la misma.

Y, además, lo hace en un momento económico de crisis profunda, lo que sin duda añade una gran dosis de irresponsabilidad a los movimientos políticos del Gobierno Aguirre, que, lejos de preocuparse de que el dinero llegue a los ciudadanos y a las empresas, está más preocupada por cómo conseguir, pese a quien pese, el control político de esta entidad financiera.

Rodolfo Benito Valenciano es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO. Consejero de Caja Madrid en representación de Entidades Sociales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 15 de enero de 2009.

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