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La Xunta no alcanza la media española de empleados públicos por habitante

La oferta del bipartito cubrió puestos de trabajo en sanidad y educación

Galicia cuenta con 51 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la media de las administraciones públicas en España (57,3). Con esta cifra, así como con una explicación detallada de la creación de empleo público por parte del Gobierno bipartito, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quiso subrayar que su política en esta materia ha estado encaminada a reforzar los departamentos de sanidad y educación.

Galicia, explicó, cuenta en la actualidad con 88.037 empleados públicos. 6.188 de ellos se incorporaron a los servicios sanitarios gallegos desde 2005 (aproximadamente 3.000 ya trabajaban para las desaparecidas fundaciones sanitarias que gestionaban varios hospitales siguiendo el derecho privado), 1.261 reforzaron los centros educativos y unos 400 se incorporaron a la administración de justicia.

Touriño denuncia el rechazo al AVE de la derecha lusa, aliada con el PP

"Profesionalizamos la administración pública", subrayó el presidente, reduciendo tanto los puestos de libre designación (que en la actualidad se sitúa en un 6,34% del total) como la temporalidad.

Touriño dio estas explicaciones en la rueda de prensa posterior al semanal Consello de la Xunta, cuyo orden del día se limitó a un sólo decreto y tres acuerdos. El primero regula los puntos de encuentro familiar previstos para facilitar los contactos en caso de conflicto, sobre todo en casos de separación matrimonial. Los acuerdos aprueban la adhesión del Ayuntamiento de Ponteareas a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, aceptan de una parcela en Vilarmaior (A Coruña) para construir un centro de salud y autorizan la suscripción de un convenio de colaboración entre Sanidade y la Fundación Galicia Innova.

La conselleira de Pesca, Carmen Gallego, presentó en la reunión semanal del Gobierno un informe sobre el servicio de guardacostas. Este servicio detectó en 2008 un total de 3.435 posibles infracciones, 500 más que el año anterior.

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Una parte importante de las inspecciones se realizó en establecimientos y transporte de productos pesqueros y marisqueros por carretera que sumaron 5.048 controles. También se llevaron a cabo un número significativo de actuaciones en el mar, las lonjas, los puertos, las playas y las instalaciones de cultivos marinos, entre otros lugares.

En estas acciones, los agentes del servicio de guardacostas decomisaron cerca de 64.000 kilos de diferentes especies pesqueras y marisqueras (33.000 de pescado, 18.000 de bivalvos, 7.700 de crustáceos, 3.400 de cefalópodos y 1.500 de equinodermos). En comparación con 2007 casi se triplicaron las cifras.

El servicio se hizo además con 16.274 bienes y medios, sobre todo nasas y aparejos de enmalle.

Durante la rueda de prensa, Touriño volvió sobre el tema de los plazos de construcción de tren de alta velocidad Vigo-Oporto para confirmar, una vez más, que la única fecha prevista de terminación es la de 2013. La única amenaza para el AVE a Portugal procede de la oposición "encarnizada" de la derecha portuguesa, aliada del Partido Popular, subrayó.

El presidente rehuyó también insistir en la opinión que le merece la tramitación del concurso eólico, fallado el mes pasado por la Consellería de Industria. De este asunto "no voy a hablar mucho más" advirtió, porque hay un procedimiento pautado. Después de la decisión de Industria, ahora entra en juego el resto del Gobierno, como ocurre con cualquier otro proyecto, y al final tendrá que ser el Consello de la Xunta el que decida. "Me lo han escuchado decir diez veces", recordó.

En la misma rueda de prensa el presidente apostó por la especialización de los aeropuestos gallegos para favorecer su crecimiento, en vez de por una competencia entre ellos que acabará perjudicándolos en relación con el sistema aeroportuario portugués.

En respuesta a un periodista, Touriño concluyó su comparecencia haciendo una defensa del voto emigrante y pidiendo expresamente que nadie trate de poner en entredicho los resultados de las elecciones cuestionando la validez de los votos del de los gallegos que viven en el extranjero.

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