Un plan de desarrollo de la Bahía de Cádiz seguirá anulado

A la Junta se le ha pasado el plazo. El gabinete jurídico del Gobierno andaluz, dependiente de la Consejería de la Presidencia, no ha recurrido a tiempo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en febrero del año pasado ordenaba paralizar el plan especial de delimitación del parque industrial de Las Aletas, ubicado en Puerto Real (Cádiz).

Este error hace firme esa sentencia judicial y, por lo tanto, obliga al Ejecutivo autonómico a negociar directamente con los propietarios expropiados que denunciaron este plan para poder culminar el proyecto. El PSOE y la Junta restan importancia al error, mientras que IU ya adelanta que exigirá responsabilidades políticas y administrativas.

El primer revés judicial para Las Aletas, un espacio de desarrollo industrial y logístico de 527 hectáreas en el que están puestas las esperanzas económicas para el futuro de la Bahía de Cádiz, se conoció en febrero de 2008 cuando el TSJA aceptó las tesis de uno de los grandes propietarios de los terrenos que denunció a la Junta por considerar injustas las expropiaciones realizadas.

El alto tribunal andaluz dio la razón al dueño del suelo y le negó a la Junta el argumento de que esas expropiaciones eran necesarias por su interés público. El Gobierno autonómico recurrió ante el Tribunal Supremo, que meses después aceptó a trámite el recurso de casación. Dio para ello un mes de plazo a la Junta para presentar la documentación necesaria, pero al gabinete jurídico se le ha pasado el plazo.

Este error hace firme la sentencia por lo que el plan que permitió desarrollar Las Aletas ha quedado anulado definitivamente. Fuentes de la Junta y el PSOE restan trascendencia a esta decisión por entender que el proyecto sigue adelante porque después del plan inicial se aprobó otro nuevo documento y el Consejo de Gobierno declaró en diciembre el interés autonómico del proyecto. Con todo, otra sentencia del TSJA, dictada hace un mes, vuelve a dar la razón a otro de los propietarios de los terrenos, anula las expropiaciones realizadas y niega a la Junta el argumento de que las acciones posteriores puedan justificar el interés social del proyecto.