Territorio legaliza la urbanización de Torre la Sal

La Consejería de Territorio y Medio Ambiente ha concluido el expediente abierto tras una denuncia que advertía de las irregularidades en la construcción y ocupación de varios bloques de apartamentos en Torre la Sal (Cabanes). Según fuentes de Marina d'Or, promotora y constructora de los inmuebles, la Generalitat ha resuelto el expediente concluyendo su legalidad. El informe administrativo se ha cerrado después de que el juzgado de instrucción número 3 de Castellón decidiera, hace aproximadamente un año, archivar una denuncia presentada por un afectado ante la posible comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, así como un presunto trato de favor al grupo Marina d'Or como adjudicataria y concesionaria de las licencias de construcción. Así, según la promotora, "la resolución de la consejería añade algo a lo ya resuelto por el juzgado, puesto que entra en el fondo de las cuestiones técnicas y declara acreditado que las viviendas sí que cuentan con suministro de agua, con depuradora y con desaladora y que todas las licencias concedidas, incluidas las de obra y ocupación, cumplen el ordenamiento jurídico".

En cualquier caso, tal como recordó ayer el concejal de Iniciativa en el Ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, "hay más de 20 contenciosos administrativos, en distintos juzgados, abiertos por el PAI Torre la Sal, y en ninguno de los casos se ha notificado el archivo a quien ha interpuesto los mismos". Además, especificó que Iniciativa mantiene abiertas tres denuncias presentadas ante la Fiscalía contra este PAI, "y ninguna de ellas ha sido archivada".

De hecho, poco después de que se archivara la denuncia presentada por el vecino afectado, la fiscalía reclamó a la Consejería de Medio Ambiente documentación sobre la aprobación y desarrollo del programa de urbanización. La Fiscalía de Castellón abrió diligencias de investigación penal contra el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, y otros concejales del PP ante la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al haber otorgado licencias de construcción sin que se hubieran cumplido los condicionantes previos de la declaración de impacto ambiental.

Entre ellos figuraba la necesidad de que estuviera "debidamente autorizada" una desaladora. Pese a que ésta no estaba licitada, el ayuntamiento otorgó licencias para 460 viviendas.