Las reuniones de la tregua, al banquillo

El tribunal que juzgará a partir de mañana en Bilbao a dos candidatos a lehendakari -Juan José Ibarretxe y Patxi López- pondrá la primera piedra en Euskadi a una precampaña electoral que tiene ya la cita fijada para dentro de 52 días. Pero, sobre todo, el caso Ibarretxe-López lleva al banquillo a buena parte de los políticos que mantuvieron encuentros en 2006 con la ilegalizada Batasuna, durante el proceso de diálogo abierto al calor del alto el fuego de ETA, para acabar con la violencia terrorista. El triángulo político de la tregua formado por el PNV (Ibarretxe), PSE (Patxi López) y Batasuna (Arnaldo Otegi) es una foto doblemente inédita: porque es la primera vez en la historia que un lehendakari es encausado penalmente y porque nunca hasta ahora representantes institucionales y partidos que condenan la violencia comparten banquillo con dirigentes del brazo político de ETA bajo una misma acusación. Esto explica la enorme expectación creada, con 125 periodistas acreditados para seguir la vista.

La causa se sostiene en la acusación popular de dos asociaciones

La Fiscalía no acusa y pide la absolución de todos los imputados

El delito que está encima de la mesa de los tres magistrados -un miembro de la Sala de lo Civil y Penal y dos de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco- es el de desobediencia a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna y negó al partido vinculado a ETA cualquier posibilidad de actuación política al declararlo disuelto. Presuntamente, habrían incurrido en ese delito como cooperadores necesarios Ibarretxe, López y Rodolfo Ares por mantener reuniones a lo largo del proceso de diálogo para el final de la violencia etarra. Por el delito de desobediencia propiamente dicha se imputa a los cinco miembros de la izquierda abertzale, al haber seguid actuando como dirigentes de un partido ilegalizado.

Pero, en el fondo de la causa, lo que el tribunal tendrá que resolver es si es posible perseguir penalmente a políticos o representantes institucionales que, en el "marco de su actividad política", mantienen encuentros con dirigentes de formaciones ilegalizadas. Sobre todo, cuando en esas reuniones está en juego -como aseguran que estaba quienes intervinieron en ellas-, la posibilidad de echar la persiana definitivamente a una organización terrorista como ETA, que este año cumple medio siglo de existencia, con cerca de 900 víctimas mortales en su trágico balance de muerte y destrucción.

Una de las claves del juicio la planteó en su escrito de conclusiones, el 5 de noviembre de 2007, la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, quien pide la absolución de todos los acusados. Montes explicaba que la ronda de conversaciones con todos los partidos iniciada por el lehendakari Ibarretxe al calor del alto el fuego permanente de ETA de marzo de 2006 se produjo "en el marco del compromiso adquirido con la sociedad de trabajar para encontrar una solución al conflicto vasco".

La fiscal recalcaba también que, en el caso del líder del PSE, Patxi López, y del dirigente socialista Rodolfo Ares, éstos, dentro del "marco de su actividad política", ejecutaban una decisión "tomada" por el PSE y "autorizada" por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El propósito, "encontrar soluciones al terrorismo etarra". Y, para ambos casos, recordaba Montes que el Tribunal Supremo, como "autoridad judicial competente" al haber sentenciado la muerte política de Batasuna en marzo de 2003, no había realizado ningún requerimiento explícito para que no mantuvieran esos encuentros. En su interpretación de los hechos, no hubo desobediencia porque no hubo ninguna orden o requerimiento del Supremo que desobedecer. Ésta es también, básicamente, la línea argumental de las defensas de los encausados.

Las dos acusaciones populares presentes en la causa, el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, mantienen una visión diametralmente opuesta. El Foro Ermua considera que la reunión celebrada entre las delegaciones del PSE y de Batasuna "se enmarcaba dentro de las negociaciones ETA-Gobierno y tenía como objetivo paliar las medidas adoptadas contra Batasuna por los tribunales españoles". En definitiva, la "legitimación" del partido ilegalizado para reconocerle públicamente como "interlocutor" e iniciar así el camino para "conseguir una legalización de facto".

En el caso de las dos reuniones constatadas en el sumario -el 19 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007- entre el lehendakari y Otegi, el Foro Ermua recuerda que los cinco miembros de Batasuna actuaron como "dirigentes de la formación ilegalizada". Y precisa que Ibarretxe convocó a los representantes de la izquierda abertzale no para "desafiar a nadie [la justicia]", sino "porque Batasuna, al igual que ustedes [en referencia al PP] forman parte de la solución, los dos", según la transcripción de la sesión parlamentaria del 27 de abril de 2006 recabada por la acusación particular. Sostiene esta acusación popular que sí se produjo dolo, necesario para imputar el delito de desobediencia a de los acusados. Dolo que no consiste en que "la finalidad de la acción realizada sea específicamente desobedecer la orden judicial", sino que basta con el propósit genérico de "realizar voluntariamente una acción que se sabe prohibida", según la jurisprudencia del Supremo, resume en sus conclusiones el abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo.

El Foro Ermua solicita dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, nueve meses para los dirigentes del PSE, y entre uno y cuatro años para los de Batasuna, además de penas de inhabilitación. Dignidad y Justicia pide de uno a tres años de cárcel para los encausados.