Nada es lo que parece

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado lunes una polémica modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, que ha impulsado el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Creo que en todo este proceso nada es lo que parece, como indica el título de un libro de relatos de reciente aparición, y probablemente la renovación en curso de su Presidente sea la clave para comprender determinadas actitudes.

El hecho de que en los órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro estén presentes los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas ha servido de aliciente para alimentar una apariencia de enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que, una vez más, no es lo que parece. No hay una confrontación institucional ni una pugna por controlar la Caja, porque una de las partes, el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ha defendido siempre la reducción al mínimo de las interferencias políticas en la gestión financiera de la entidad. No hay pues una lucha por idénticos intereses -el clásico, quítate tú que me pongo yo-, sino la defensa por parte del Ayuntamiento de un modelo sustancialmente distinto al que resulta del nuevo marco normativo. Por eso no entramos en el juego de apoyos o revanchas personalistas, sino en la necesidad de asegurar la profesionalización de la Caja como única vía de garantizar su competitividad, su estabilidad -especialmente necesaria en una coyuntura económica tan complicada como la actual- y, en definitiva, la seguridad del dinero de quienes depositan su confianza en ella.

"Es difícil encontrar, entre los argumentos de la reforma, uno que la justifique remotamente"

"No se reduce la presencia política. La Comunidad de Madrid se asegura una representación del 60%"

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto sorprendido, como el resto de observadores, por la repentina urgencia del Gobierno regional en adaptar la Ley de Cajas a las disposiciones de la normativa básica estatal. La necesidad de acometer una rápida reforma, sirviéndose incluso de un dudoso instrumento sobre cuyas restricciones ya ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional, podría tener justificación si se hubiese producido algún cambio jurídico reciente. Nada tendríamos entonces que objetar sobre el cumplimiento de una obligación legal. Sin embargo, la regulación básica estatal fue modificada por última vez en 2003, y en estos cinco años ni desde la Comunidad de Madrid, ni desde ninguna otra instancia se ha puesto de manifiesto la existencia de desajustes entre el contenido de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) y la Ley Autonómica. En efecto, la Ley aprobada por la Comunidad de Madrid en 2003 incorporaba ya la exigencia que introdujo el legislador estatal de garantizar el principio de proporcionalidad e igualdad en la representación de los órganos de gobierno de la Caja.

Si la adaptación era tan imprescindible ¿por qué el proceso electoral celebrado en 2006 pudo desarrollarse con normalidad sin que antes o después se considerase necesaria ninguna modificación? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Obviamente la Ley estatal no, y es evidente por tanto que la apariencia de "acto debido" bajo la que se ha presentado la abrupta irrupción de la nueva regulación autonómica no es real, sino que se "justifica" por otras razones, no sé si igual de "poderosas", pero desde luego jurídicamente irrelevantes.

El juego de apariencias con el que se ha envuelto la nueva regulación autonómica va mucho más allá de los aspectos formales. El análisis de los preceptos modificados a través de la Ley de Acompañamiento pone de manifiesto una frontal vulneración de los principios de proporcionalidad y neutralidad que impregnan la norma estatal, operándose de hecho una alteración del régimen jurídico de la Caja, en pro de su instrumentalización política.

Pese a que de forma absolutamente injustificada se ha reducido la presencia de algunos Ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona en Caja Madrid, ignorando tanto el volumen de depósitos como el número de oficinas, que son los únicos factores relevantes de acuerdo con la LORCA, lo cierto es que no se ha reducido la presencia política, que supera incluso el límite del 50% que establece como máximo la citada Ley. La Comunidad de Madrid, en adelante, no sólo designará a sus propios representantes, sino que mediante la elección de las entidades representativas, encomendada a partir de ahora en el artículo 34 al Consejero competente en materia de Cajas de Ahorro, se asegura el nombramiento de 31 miembros más, lo que sitúa la representación política en un 60%.

El Fondo Monetario Internacional ya alertó sobre la posibilidad de que la limitación del 50% no fuera suficiente, pues la influencia política podía ejercerse por "otros cauces", superando de hecho esa frontera. Lo que entonces era un riesgo potencial, ahora se hace realidad, y no deja de ser paradójico que la vulneración de esta previsión se haya presente justamente bajo la apariencia contraria. El Ayuntamiento de Madrid simplemente quiere que se mantengan las previsiones de la LORCA, y los requerimientos de los principales organismos financieros internacionales, y por eso defiende la necesidad de que la neutralidad con la que hasta ahora se designaban las entidades representativas se mantenga.

Una neutralidad que también reclamamos en el tratamiento de los derechos de la Corona, tal y como se ha venido haciendo históricamente. La Corona, como entidad Fundadora, tiene derecho a designar una parte de los miembros de la Asamblea General, pero siempre ha renunciado a ello, acreciendo proporcionalmente el número de Consejeros designados por los restantes sectores, con lo que no se alteraba la representatividad de cada uno de ellos.

Con la reforma aprobada se excluye a las Corporaciones Locales de dicho reparto, de manera que la voluntaria neutralidad de la Corona no se respeta. Esta novedad no sólo es arbitraria porque no hay justificación para excluir solo a uno de los sectores, sino que choca frontalmente con la LORCA, que de forma expresa recoge la posibilidad de que las Entidades Fundadoras asignen una parte de su representación a las corporaciones locales. Obviando este precepto básico, el legislador autonómico opta por una vía de dudosa constitucionalidad.

Es difícil encontrar, entre los argumentos que han dado cobertura a la reforma, uno que justifique remotamente una regulación que en definitiva lo que hace es incrementar de forma interesada la representación directa e indirecta de la Comunidad de Madrid, que utiliza de este modo su capacidad normativa en beneficio propio y en claro perjuicio de todos los Ayuntamientos.

A la vista de estas reflexiones, es evidente que el planteamiento del Ayuntamiento de Madrid comparte plenamente la voluntad del legislador estatal de que las entidades financieras no sean controladas por los poderes públicos. Por eso no puede admitir una regulación que genera justamente el efecto contrario, y que atribuye de hecho a la Comunidad de Madrid una capacidad de control sobre la entidad, que va mucho más allá de las competencias de "disciplina, inspección y sanción" que la Ley le encomienda.

Esta postura que hoy defendemos no es de ahora. Muchos de los que hoy tenemos responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, las teníamos en la Comunidad cuando se aprobó la vigente Ley de Cajas. En ese momento manifestamos una voluntad clara de respeto al funcionamiento autónomo de estas entidades financieras, garantizamos la representatividad proporcional de los municipios, y reservamos a la Comunidad el papel que debía corresponderle, algo que no puede rebatirse. También podíamos haber optado, como se hace ahora, por anular la representatividad de los municipios, la neutralidad de los restantes sectores e incrementar nuestra participación. No lo consideramos admisible entonces, y tampoco podemos asumirlo ahora.

El objetivo que guía al Ayuntamiento no es que se mantenga el actual equipo directivo de Caja, sólo defiende que quienes asuman esta tarea sean elegidos con el mayor consenso posible de los sectores representados, y sin presiones políticas de ningún tipo. La aplicación de un modelo en el que se ha respetado la autonomía de gestión de Caja Madrid, y se ha encomendado a los propios órganos de gobierno de la entidad la designación de su presidente con la exigencia de mayorías cualificadas que excluían el control político, ha dado sus frutos tanto desde un punto de vista financiero como social. El balance total de la cuarta entidad financiera española se ha visto duplicado con creces y las aportaciones a la obra social superan los 200 millones de euros. La apuesta por la profesionalidad frente a la politización ha demostrado ser un importante activo para el desarrollo de Caja Madrid, con el consiguiente beneficio para sus clientes, y para los destinatarios de su acción social.

Los resultados que el quebranto de este modelo puedan deparar a la entidad, en un momento de crisis en el que bancos centenarios han desaparecido en medio de las turbulencias del mercado, son desde luego inciertos. Por ello, Caja Madrid debe actuar más que nunca en defensa de los intereses de sus depositantes, sin verse alterada por un intervencionismo político que pretende convertirla en una prolongación del ejecutivo autonómico.

Juan Bravo es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.