La Generalitat reivindica la competencia estatal para crear nuevos juzgados

La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, reclamó ayer al Gobierno la competencia para decidir sobre la creación de nuevos juzgados. Según Sánchez de León, la Administración autonómica es la que mejor conoce las necesidades judiciales. Para la consejera, no se sostiene que el Gobierno autonómico sea el que costee los medios humanos y materiales (funcionarios, equipación y ubicación) y no tenga ninguna capacidad para incidir en la creación de oficinas judiciales.

Sánchez de León inauguró ayer, en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón, el Juzgado de Lo Penal número 4 y el número 4 de Lo Social, el Registro Civil número 3, y, en Valencia, el Juzgado de Primera Instancia número 28. En total, el Ministerio de Justicia incorporó ayer a la Comunidad Valenciana 19 nuevas oficinas judiciales, incluidas tres plazas de magistrado para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sánchez de León contó ayer, en su reivindicación de competencias, con el respaldo del presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, quien afirmó: "No puede ser que tengamos pendiente la modificación de la demarcación territorial del partido judicial de Nules y de Vila-real solicitada hace cuatro años porque es necesario que el Ministerio de Justicia lo resuelva a través de una ley orgánica". Domínguez agregó: "Las soluciones deben estar lo más cerca posible de quienes tienen la posibilidad de encontrarlas"

También Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ, expresó su apoyo a la petición de competencias para los gobiernos autónomicos sobre la creación de nuevos juzgados. Y dijo, además, que los juzgados inaugurados ayer cubren "necesidades muy esenciales para los ciudadanos".Ha costado cuatro meses que la Consejería de Justicia cumpliera con lo que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le pedían. El próximo 2 de enero se incorporarán a los juzgados de Nules los funcionarios de refuerzo para las dos nuevas plazas de juez que el CGPJ acordó crear en septiembre. Es en el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules donde se investiga la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Pese a que el Ministerio de Justicia autorizó en septiembre la creación de las dos plazas de juez de refuerzo en los juzgados de Nules, la consejera Sánchez de León anunció que no cubriría las plazas de funcionarios -tres por cada nuevo juez- hasta 2009. Entendió que no estaba obligada a hacerlo hasta que se adjudicaran los refuerzos para todos los juzgados.

Precisamente, en referencia a la causa contra Carlos Fabra, el recién reelegido presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, defendió que se ha prestado la atención que esos juzgados merecían "para que, efectivamente, ese retraso endémico que les acompaña se pueda resolver con la mayor celeridad".

La inauguración de los juzgados no está exenta de polémica. La falta de medios es la crítica más extendida. En Valencia, por ejemplo, la consejería ha decidido restar dos funcionarios al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, con diferencia el más saturado de la capital y sin la plantilla completa. Esa decisión sigue a la retirada de la juez de refuerzo.

No es el único caso. Las precarias condiciones de salubridad y de higiene del único juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Elche se han agudizado desde que en febrero de este año los trabajadores denunciaran el "lamentable" entorno laboral en el que desempeñan sus funciones: una oficina de unos 55 metros cuadrados ubicada en los bajos de un inmueble de viviendas.

El extraordinario volumen de expedientes amontonados en este local, con la consiguiente documentación adjunta por cada asunto, ha disparado las plagas de parásitos e insectos que pican a los trabajadores. Además, la nula ventilación y la suciedad acumulada obligan a la plantilla (seis funcionarios, un secretario y un juez) a usar mascarillas y abandonar de vez en cuando las instalaciones a lo largo de la jornada. "Cuesta respirar, tenemos muchos dolores de cabeza, y comienza a haber mucha tensión", comenta un funcionario. El sórdido contexto laboral ha acabado por afectar las relaciones laborales. Aún así, continúa, "nadie ha solicitado la baja", apostilla el trabajador.

Hasta el momento, la única respuesta de la Consejería de Justicia ha sido la colocación de 15 estanterías, apunta el trabajador. Paralelamente a difundirse las condiciones de trabajo de este órgano judicial, el TSJ prohibió la entrada de cualquier medio de comunicación e, incluso, contrató a un guardia de seguridad, denuncian los trabajadores. Según estos, la media de atraso en la resolución de los expedientes es de medio año. Los trabajadores reclaman un urgente traslado de las oficinas, informa Rebeca Llorente.