Revuelta judicial

Al menos 200 jueces de los 4.500 que hay en España han firmado un manifiesto en el que se muestran dispuestos a ir a la huelga el próximo 18 de febrero. De arrastrar a una mayoría de compañeros, tarea a la que no pocos se dedican con pasión en Internet, esta huelga no sería una más. No se paralizaría la producción de una rama industrial, ni tampoco se dejaría de prestar un servicio esencial para la comunidad, el transporte público, por ejemplo; se vulnerarían directamente derechos fundamentales del ciudadano como la tutela judicial efectiva que corresponde garantizar a los jueces como titulares del poder jurisdiccional del Estado.

Motivos para la protesta siempre puede haberlos. Pero el cauce para darla a conocer no es la huelga, como no lo sería en el caso de los integrantes de otro poder o institución estatal. Una huelga como la que se propone supone paralizar la actividad del Estado que en el caso de los jueces significa juzgar y ejecutar lo juzgado. No parece que el constituyente pensara en estas instancias al redactar el artículo 28 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho de huelga a "los trabajadores en defensa de sus intereses". La forma que está adoptando la protesta es, además, inquietante. No son las asociaciones profesionales, a las que corresponde encauzar los intereses del colectivo judicial, sino las juntas de jueces, es decir, los órganos internos de la judicatura, las que están detrás y son cauce de la posible huelga. No se conocen las reivindicaciones concretas. Pero sí un malestar difuso que tiene características de una revuelta antisistema. El juez decano de Córdoba ha llegado a amenazar con reducir a la mitad los juicios; y "¡así esto revienta!", ha añadido.

No hay más motivos para protestar ahora que en épocas en las que la justicia era el pariente pobre de los Presupuestos. En la legislatura 1996-2000 los recursos judiciales fueron sacrificados al objetivo del déficit cero sin la protesta de nadie. ¿Por qué ahora? Habría un precedente en la amenaza de huelga al Gobierno de Felipe González hace dos décadas. Los jueces tienen razón si tratan de sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de la justicia. No la tienen si amenazan y quieren una huelga, un derecho muy discutible en su caso y que sería salvaje por la ausencia de servicios mínimos. El Consejo Judicial y el Gobierno deben ver la manera de evitar el desastre.