El Poder Judicial negocia con una fortísima división si suspende a Tirado

El nuevo Consejo del Poder Judicial se reúne hoy en el primer pleno de su mandato marcado por la división. La razón de la fractura en el gobierno de los jueces es la discusión sobre si procede o no castigar con falta muy grave (suspensión de funciones) al juez Rafael Tirado, que dejó sin ejecutar durante dos años una condena de cárcel contra el pederasta que supuestamente mató a la niña de Huelva Mari Luz.

Los vocales del Consejo, que seguían anoche negociando sobre si absolver a Tirado y dejar su deficiente gestión en el juzgado como falta grave sancionable con una simple multa o suspenderle de funciones, no se dividirá, como solía, entre conservadores y progresistas (hay nueve vocales elegidos a propuesta del PP y otros nueve a propuesta del PSOE), sino entre vocales elegidos por las asociaciones de jueces (12) y los elegidos entre juristas de reconocido prestigio (8).

Los vocales progresistas de extracción judicial se han puesto mayoritariamente del lado de Tirado y estiman que no hay motivos para imponerle una sanción muy grave, como esgrime el recurso de la Fiscalía. De la misma opinión son los vocales jueces elegidos a propuesta del PP. La suma de ambos conforma una mayoría holgada, pero algunos daban ayer por hecho que varios vocales jueces podrían cambiar de opinión.

Las distintas partes contaban anoche que se podría producir hasta un empate (diez a diez) que debería resolver el presidente, Carlos Dívar, con su voto de calidad. El ponente del caso defenderá en el pleno la sanción muy grave con castigo de uno a cinco meses de suspensión. La votación será secreta, lo que impedirá conocer quién ha votado qué.

Negligencias judiciales

El caso de Santiago del Valle, el hombre que supuestamente asesinó a la niña Mari Luz, está plagado de negligencias judiciales. Su historial comienza en la primavera de 1998, cuando abusa por primera vez de su hija. Los hechos acaban siendo juzgados tres años y nueve meses después. Del Valle es condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusos sexuales continuados a su propia hija.

El abogado de Del Valle recurre en apelación la sentencia ante la Audiencia Provincial, que delibera y falla en mayo de 2003 confirmando la condena. Ese órgano tarda 31 meses en notificar la sentencia. En esos dos años y medio, Del Valle recibe otra condena de dos años de cárcel, pero como en su historial no figuran antecedentes (pese a que ya había sido condenado aunque la Audiencia no había comunicado su fallo), no ingresa en prisión.

Cuando la confirmación de la condena de la Audiencia llega en diciembre de 2005, con 31 meses de retraso, al juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, cuyo titular es Rafael Tirado, los fallos se siguen produciendo. El 13 de enero de 2006, el juez declara firme la sentencia y ordena que se ejecute.

El juzgado no consigue localizar a Del Valle en los dos primeros meses para que entre en prisión y se olvida durante los siguientes 17 meses de seguir buscándole para ejecutar la condena. En septiembre de 2007, el juzgado intenta averiguar el domicilio de la mujer de Del Valle, pero tampoco tiene éxito. El 14 de enero de 2008, los padres de Mari Luz denuncian su desaparición. El 7 de marzo, se encuentra el cadáver de la niña. El 26 de ese mes, la policía detiene a Del Valle como sospechoso de la muerte de la menor. Un día después, el juez Tirado emite la orden de busca y captura contra Del Valle. La misma orden que debería haber emitido dos años antes. El Poder Judicial le abre expediente disciplinario, que concluye con una multa de 1.500 euros recurrida por la Fiscalía. El Ministerio de Justicia expedienta a la secretaria del juzgado y le acaba imponiendo una sanción muy grave con dos años de suspensión de sus funciones. Este castigo agita hasta tal punto a los secretarios judiciales que convocan un paro que también secundan los jueces en la mayor movilización corporativa de la Administración de justicia de los últimos años.

La decisión de sancionar con sólo una multa al juez desencadenó la protesta de los padres de Mari Luz y de la clase política casi de manera generalizada. Gobierno, PSOE y PP se pronunciaron en contra de la decisión del Poder Judicial por entender que era un castigo insuficiente para la negligencia que permitió a un pederasta condenado a casi tres años de cárcel seguir en libertad.