Asamblea judicial

Aparte de la novedad de la revuelta en sí, que convierte la vieja afinidad entre Gobierno y Poder Judicial en amistad rota, irritada y resentida, hay dos grandes novedades en el disgusto de los jueces. La primera es el uso de Internet, vía para compartir el fastidio antigubernamental de los magistrados, desde el momento en que alguien manda un mensaje a todos los usuarios del correo electrónico corporativo y se entrecruzan y proliferan las respuestas, con propuestas y contrapuestas inmediatas. Los jueces, intercomunicados electrónicamente, se constituyen en asamblea multitudinaria, en la que podría darse el caso de que muchos, incluso todos los participantes, estuvieran hablando a la vez. Es un proceso en el que, como en cualquier otro movimiento asambleario, han surgido ocasionales líderes naturales. Cuerpos tradicionalmente conservadores, como la magistratura, asimilan inmediatamente la potencia revolucionaria de un medio técnico.

La segunda novedad, consecuencia de la primordial novedad electrónica, es el desbordamiento de las asociaciones de la magistratura más representativas, la Asociación Profesional, la Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. La gente prefiere Internet para ponerse de acuerdo: el correo se hace asamblea permanente, electrónica, llena de voces simultáneas, pero sin cauce, desconectada de los órganos operativos, aunque sirva de fermento para las Juntas de Jueces. Las convocan los decanos, que asumen un papel no previsto y suplen la pasividad de las asociaciones. Como siempre que se desata un proceso asambleario, sufren un desprestigio paralelo las organizaciones políticas y los canales asociativos en relación más o menos directa con el PSOE y el PP.

Ahora los jueces decanos de Córdoba, Granada y Cádiz, Luis Rabasa, Antonio Moreno y Nuria Orellana, anuncian que los juzgados cumplirán con la tarea máxima que les exige el Consejo del Poder Judicial y, en consecuencia, reducirán a la mitad el número de juicios en 2009, lo que probablemente suponga el reventamiento del sistema. Una decisión semejante tomó el 12 de diciembre la Junta de Jueces de Málaga. Pero la situación andaluza no difiere demasiado de la que existe en la Europa más próxima, en Italia, Bélgica o Francia. Incluso coinciden las circunstancias del choque entre jueces y gobiernos: un menor se suicidó el pasado octubre en una cárcel de Metz, y la ministra de Justicia, Rachida Dati, responsabilizó del suceso al magistrado correspondiente. La Union Syndicale y el Syndicat de la Magistrature entendieron la intervención ministerial como un ataque contra la independencia de los jueces, a quienes se quería hacer pagar las consecuencias de una política policial y penal desastrosa. Aquí todo lo disparó el caso del juez de Sevilla que no metió en su momento en la cárcel a un pederasta acusado más tarde del asesinato de una niña.

¿Tiene la culpa la negligencia del juez o las malas condiciones de trabajo? La discusión en Italia, en Francia y aquí parece la misma, y la opinión gubernamental se atiene a idéntico argumento: el corporativismo de unos jueces privilegiados e intocables. Esta tensión internacional entre el poder judicial y el poder ejecutivo sería una rara coincidencia, si no fuera porque los tiempos son los que son, y el poder ejecutivo siempre esconde el deseo de gobernarlo todo: pasar del Estado liberal, fragmentario, con clara división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al Estado Total, por no decir totalitario. La solución española consiste en que el presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición pactan la presidencia del Consejo del Poder Judicial, que debería ser elegida por los vocales de dicho Consejo en su reunión constitutiva, vocales también decididos por los partidos gobernantes o legisladores. A muchos jueces les irrita la permanente ingerencia política en el poder judicial y ahora desbordan a las asociaciones de la magistratura ligadas a esos partidos.