Vuelos ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado declaración como testigo al autor del informe sobre los vuelos a Guantánamo con prisioneros talibanes y de Al Qaeda, Miguel Aguirre de Cárcer. Al igual que hiciera el ministro de Asuntos Exteriores durante su última comparecencia, el testigo reconoció la autenticidad de los documentos, que siguen extraviados, salvo los hallados en los archivos del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.

La declaración del testigo y las explicaciones de Moratinos coincidieron en que el Gobierno de Aznar concedió autorización para que aviones norteamericanos sobrevolaran o hicieran escala en territorio español, a sabiendas de que podían transportar prisioneros a los que las autoridades de Estados Unidos no aplicaban las Convenciones de Ginebra. También coincidieron al afirmar que, pese a la autorización, ningún vuelo con prisioneros hizo escala en aeropuertos españoles. A espera de lo que estime el juez, lo primero parece probado; otra cosa es que pueda encajar en algún tipo delictivo. En cuanto a lo segundo, serán las investigaciones las que determinen si EE UU hizo uso o no de la autorización.

Con la comparecencia de ayer, la maquinaria judicial que investiga el paso por España de vuelos con dirección a Guantánamo se ha vuelto a poner en marcha. El testigo dijo ignorar quién dio la respuesta afirmativa a la petición norteamericana, insistiendo en que se trataba de una decisión política. En cualquier caso, confirmó ante el juez que había tratado el asunto con altos cargos de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como del Gabinete Internacional de la Presidencia del Gobierno. Como el testigo, en aquella fecha las personas que ocupaban esos cargos tenían capacidad para adoptar ese género de decisiones, por más que, debido a la trascendencia del caso, no parezca razonable que lo hicieran por sí solos o que, al menos, no las consultaran con los responsables últimos de sus respectivos departamentos, que, para el Gabinete Internacional, podría ser el propio presidente del Gobierno. Las acusaciones han solicitado la comparecencia, también como testigos, de todos los citados por Aguirre de Cárcer, además del entonces presidente del Comité Permanente Hispano-Norteamericano y del funcionario que ocupó la dirección general para Norteamérica bajo Gobierno socialista.

Esta última solicitud parece dirigida a aclarar el grado de conocimiento del Ejecutivo de Zapatero. Fue durante su mandato cuando el Gobierno español fue requerido por el juez Moreno y por el Parlamento Europeo para que informase sobre el asunto. De hecho, Moratinos fue el único ministro de Exteriores que acudió a la Eurocámara. Pero también fue bajo mandato socialista cuando se produjo la cena en Bruselas en la que Condoleezza Rice quiso discutir con sus socios europeos sobre estas prácticas. La investigación del juez Moreno se encontraba hasta ayer en punto muerto. Cabe confiar que su reactivación contribuya a aclarar un asunto de tanta gravedad.