"En 2009 señalamos la mitad de juicios y en dos años esto revienta"

El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, amenazó ayer con reducir a la mitad el número de juicios el próximo año ante la saturación que sufren los juzgados de Andalucía. Rabasa, que es juez de Menores, dijo que esta medida iba a empezar a aplicarla por él mismo: "Lo urgente lo vamos a resolver siempre porque no admite demora (...) Pero si estamos señalando equis número de juicios, para el año 2009 vamos a reducirlo a la mitad".

El juez, que es delegado en Córdoba de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), hizo estas afirmaciones en declaraciones a la Cadena SER, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobara un informe que acusa a la Junta andaluza de incapacidad para gestionar la plantilla de los juzgados. Este documento ha terminado por dinamitar las relaciones entre la Administración autonómica y los jueces, que estaban públicamente enfrentados desde que salió a la luz el llamado caso Mari Luz, la cadena de errores judiciales que propició que el pederasta Santiago del Valle estuviera libre el día que supuestamente asesinó a la niña de Huelva.La reducción de juicios que propone el decano de Córdoba supone en la práctica una huelga de celo. Sus consecuencias las vaticinó él mismo: "¿Qué significa? Que los [juicios] que no se queden señalados se quedarán pendientes para el año 2009. Y claro, esto así, en dos años, permítame la expresión, revienta".

Los jueces de Córdoba acordaron limitar su trabajo al que marca el CGPJ

Rabasa: "Estamos francamente desasistidos y desprovistos"

Antes de lanzar su aviso, el decano, que es delegado en Córdoba de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, había descrito la alarmante precariedad de los juzgados: "Estamos francamente desasistidos y desprovistos de los medios necesarios", afirmó. "Sólo hace falta darse un paseo por los juzgados para darse cuenta de que la administración de justicia se encuentra actualmente desbordada".

La junta de jueces de Córdoba, como las de otras provincias españolas, decidió en noviembre reducir la carga de trabajo de los juzgados y ajustarla a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Juicial (CGPJ). El decano explicó a este periódico que la medida es "absolutamente normal, razonable y hasta tardía". "Lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo". El recorte empezará a aplicarse en enero de 2009 y Rabasa avisó ayer de que la rebaja será drástica en algunos juzgados, entre otros, en el suyo. "En mi caso implica la mitad, porque estoy trabajando a más del doble de lo que es exigible como máximo a un juez por el Consejo General del Poder Judicial", aseguró.

Al margen de esta medida, ya hay convocada para el 21 de enero una reunión de jueces para exigir a la Administración una mayor dotación de plantilla y de medios. Rabasa lleva meses denunciando la precariedad de Justicia en Córdoba, una provincia que demanda la ampliación de la plantilla y el número de juzgados.

Fuentes del CGPJ reaccionaron con indignación a las declaraciones del juez decano: "No vamos a tolerar acuerdos ilegales que perjudiquen el servicio público y se aplicarán las medidas disciplinarias previstas en la ley si llevan a cabo su amenaza. Es incomprensible que cuando el Consejo intenta prestar apoyo y solucionar sus problemas, algunos responsables judiciales salgan con estas amenazas".

Los juzgados de otras provincias han aprobado también medidas para reducir la carga de trabajo. Los jueces de lo Penal de Sevilla acordaron en abril (cuando el CGPJ ya había abierto expediente al juez Rafael Tirado por no ejecutar la sentencia contra Del Valle) limitar el número de sentencias que se dictarán cada año a 380, la cifra que fija como tope máximo el órgano de gobierno de los jueces. Esta medida supone reducir alrededor del 18% (unas 85 sentencias menos por juez) el número de resoluciones que ahora dictan (465 de media). Los jueces sevillanos de Primera Instancia y los de lo Social han adoptado acuerdos similares, aunque el juez decano, Federico Jiménez Ballester, restó ayer importancia a sus consecuencias. "La propuesta es simplemente ajustarse al módulo", afirmó.

Jiménez Ballester defendió el informe sobre el personal de la Administración de Justicia aprobado el martes por el TSJA, que pone de manifiesto el descontento de los jueces con la gestión de la Junta de Andalucía. La airada reacción de la consejera del ramo, Evangelina Naranjo, que llegó a censurar la falta de rigor del documento, cosechó ayer fuertes críticas por parte de jueces y partidos políticos. Para el decano de Sevilla, el informe es "una fotografía de la situación real" que viven los Juzgados andaluces. La misma metáfora fue utilizada por la secretaria general del PA, Pilar González, para destacar la veracidad del informe y la "gravedad" del diagnóstico que revela.