Chamizo plantea que la Policía Local deje de custodiar a los detenidos

Liberar a los ayuntamientos de la custodia de detenidos, para que Interior asuma por completo esta competencia tan delicada. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, defendió ayer esta tesis ante la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, a la que presentó su informe Lugares de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos. Chamizo ha elevado el informe al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, para que asuma sus propuestas e Interior tome nota. De salir adelante, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía asumirían los detenidos de la Policía Local y los ayuntamientos se ahorrarían los costos que supone la gestión diaria de los calabozos.

"Es una propuesta coherente y no exótica. Los argumentos dados por los ayuntamientos para desprenderse de esta competencia son contundentes", esgrimió ayer Chamizo para echar un capote a los consistorios en otro capítulo de su batalla por la financiación. Los 45 ayuntamientos afectados esgrimen sus razones: "La financiación es totalmente insuficiente porque las plantillas de Policías Locales son muy cortas como para atender este Servicio en condiciones adecuadas, y porque crea una situación discriminatoria para esos 45 ayuntamientos que, a pesar del enorme esfuerzo, no se ven compensados", subraya el informe.

"Los argumentos dados por los ayuntamientos son contundentes"

Hay calabozos sin las "condiciones elementales" para retener personas

Hace doce años la Oficina del Defensor ya realizó una primera investigación sobre este delicado asunto, titulada Depósitos municipales de detenidos, y los resultados arrojaron como principal conclusión que se mantuviera la delegación competencial que sustenta el servicio de depósito. "Pero siempre y cuando se respetasen en su integridad las condiciones y requisitos legales con que esa delegación se había de hacer". Tras este tiempo, y comprobada la realidad, Chamizo ha concluido que los ayuntamientos no han hecho los deberes y existen razones objetivas para este incumplimiento.

De este modo, Chamizo ha pedido al Gobierno que promueva un cambio legislativo para derogar la Ley de Bases de Régimen Local. El Defensor explicó que la solución pasaría porque en cada Partido Judicial existieran unas dependencias de custodia de personas detenidas, tanto en fase de investigación policial como de detenidos a disposición judicial. Por los calabozos municipales andaluces han pasado 18.000 ciudadanos en los últimos tres años.

El Gobierno central delega la competencia a los municipios que son cabeceras de sus respectivos partidos judiciales. Pero si hay 45 que cuentan con estas instalaciones, 28 "incumplen su obligación de gestionar el servicio", denunció ayer Chamizo. La cifra duplica el número de consistorios incumplidores cuando en 1995 la oficina del Defensor realizó el informe similar sobre los calabozos andaluces. "La red de depósitos ha disminuido de modo considerable", censuró.

Chamizo denunció el mal estado de los calabozos gestionados por la Guardia Civil y la policía, ya que no cumplen con las condiciones elementales para que una persona permanezca retenida. El Defensor denuncia que los calabozos gestionados por la Guardia Civil son "insuficientes", especialmente por su antigüedad, la dotación de las celdas, la inexistencia de instalaciones complementarias y su escasa capacidad para acoger detenidos.

Según los responsables del informe, que revisaron 22 dependencias, casi todos los cuarteles carecen de una habitación que pueda considerarse celda en sentido estricto, lo que ha provocado en los últimos años su clausura. Las instalaciones del cuerpo armado son "austeras, pequeñas, muy limpias y dotadas de estrictas medidas de seguridad". Chamizo censura la instalación de cámaras de seguridad en las instalaciones, porque pese a que facilita la seguridad, elimina prácticamente la intimidad de los detenidos.

En el análisis de los calabozos gestionados por la policía, el informe concluye que las instalaciones son "inadecuadas" porque están ubicadas en edificios antiguos, con pocas reformas y en sótanos escasamente iluminados y con poca ventilación.

Por el contrario, en el estado de los depósitos municipales, el informe destaca que su situación es bastante mejor que en 1995, cuando los adjetivos eran muy duros: "Lamentables, húmedos y sombríos". Desde entonces, se ha invertido mucho dinero en su mejora y ayer Chamizo destacó sus resultados, visibles pero insuficientes.

De los calabozos, 35 de los 45 existentes presentan instalaciones nuevas o reformadas, y destacan 17 construcciones de nueva planta en municipios como Ubrique (Cádiz), Lucena (Córdoba), Loja (Granada) o Aracena (Huelva).- El Defensor del Pueblo, José Chamizo, reclama en un informe que el Ministerio de Interior asuma el control sobre todos los calabozos para detenidos, con lo que liberaría a los ayuntamientos de la carga de los depósitos municipales.