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Las empresas empujan al Consell a crear macropuertos deportivos

Acelera las ampliaciones en Xàbia y Dénia, y estudia las de Altea y El Campello

La demanda de las grandes empresas náuticas ha originado que el Consell impulse en los últimos tiempos nuevos proyectos para crear macropuertos en el litoral, convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos. De hecho, ya tramita la ampliación de los puertos de Dénia y de Xàbia y estudia la creación de nuevas instalaciones en Altea y El Campello. "El hecho de que en los últimos años haya habido empresas que apuesten por ampliar el puerto de Dénia ha supuesto un acicate para que redactemos el proyecto", afirma el director general de Puertos, Carlos Eleno.

Son incontables en la provincia de Alicante los proyectos de firmas privadas para crear nuevos recintos portuarios. La patronal cree incluso que "hay un serio déficit de amarres que es necesario solucionar junto al desarrollo de zonas lúdicas, palacios de congresos e incluso nuevos hoteles en los puertos", sostiene Juan Riera, miembro de la Cámara de Comercio de Alicante y vicepresidente de los empresarios de La Marina Alta.

Ayuntamientos, ecologistas y vecinos recelan de estos proyectos

El Consell aboga por este modelo sin haber aprobado la Ley de Puertos

Con la misma filosofía, la Generalitat ha apostado por obras de notable magnitud: en Xàbia, ya ha destinado en sus presupuestos para 2009 más de 22 millones para crear una nueva escollera que disparará a 1.500 los amarres; en Dénia, presentará en breve una ampliación para construir mil nuevos atraques, doblar la superficie del espejo de agua y diseñar una nueva bocana; y en Altea mantiene viva la posibilidad de destinar más de 6 millones a 1.214 amarres y un espigón de 300 metros cuya superficie equivaldría a 14 campos de fútbol. Todos ellos incluyen la posibilidad de crear áreas de ocio de gestión privada.

Sin embargo, el Consell ha abogado por este modelo sin aprobar aún la Ley de Puertos, que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes bajo criterios económicos, sociales y deportivos. De ahí que se haya generado un hondo debate social. En Dénia, PP y PSPV advierten de que primero es necesario reordenar la fachada marítima y exigen que ninguna actuación se realice sin el consenso de la ciudad. Tienen precedentes nada halagüeños cerca: el Consell quiere ampliar el puerto de Xàbia pese a la oposición del alcalde, del BNV, que considera que las obras hipotecarán el futuro turístico al degradar el paisaje. Y en Altea, la Generalitat tampoco ha respondido a la petición del gobierno local socialista de parar el proyecto, que además supondría la desaparición de su Club Náutico, cuyo presidente, Joaquín Such, sostiene: "Existe una lucha eterna entre las marinas, que buscan un negocio económico y los clubs náuticos que promovemos la práctica del deporte sin ánimo del lucro". Such añade que esta avalancha de propuestas supone una amenaza para los clubes.

En ocasiones, existen también vinculaciones entre los proyectos portuarios y los urbanísticos: en La Vila, la firma urbanizadora del plan parcial El Xarco negocia con el Ayuntamiento otro puerto. La moción de censura del 19 de noviembre interrumpió las negociaciones, pero el cuatripartito que perdió el poder señaló que una de las razones de la moción residía en los intereses urbanísticos de ese plan parcial.

También hay preocupación por los efectos medioambientales. Emblemático es ya el caso de la ampliación del puerto Campomanes de Altea, cuyas obras para duplicar los amarres están paralizadas por una sentencia judicial que constató el fracaso del traslado de las praderas de posidonea para preservarlas. Adena se opone, por su parte, a un nuevo puerto de cien amarres en El Campello al considerar que degradará un litoral sometido ya a la especulación urbanística, y en Xàbia una plataforma social ha recogido más de mil firmas contra las obras por su impacto negativo sobre la reserva marítima protegida del cabo de Sant Antoni.

El Consell mantiene que garantizará el cumplimiento de la normativa medioambiental tanto en este último proyecto como en otros de menor calado que prevé en Calp, Moraira o Benissa. Mientras, las empresas siguen presentando proyectos, algunos de ellos muy controvertidos, como el que una firma pretende realizar en Benitatxell, en una zona de acantilados protegida por la Unión Europea. Sorprendentemente, el gobierno local ha aprobado el proyecto mientras la oposición ya lo ha denunciado ante Bruselas. Y en Els Poblets, otra plataforma rechaza el plan de una mercantil para habilitar una marina de 600 amarres en la desembocadura del río Girona, zona con un alto riesgo de riadas como la acaecida en 2007.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de diciembre de 2008