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El PP recorta un 60% las ayudas para familias de dependientes

Una enmienda traslada a residencias fondos dirigidos a atención doméstica

Las enmiendas del PP a la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2009 recortan un 60% los fondos previstos para ayudar a "cuidadores no profesionales y asistentes personales" de ciudadanos en situación de dependencia. La Consejería de Bienestar Social había previsto una dotación de 12,4 millones de euros para aliviar a los familiares de personas dependientes que residen en su domicilio, casi el triple que el año anterior. Pero el PP ha optado por devolver las cosas a su sitio aprovechando la tramitación de los presupuestos en las Cortes Valencianas. Los fondos previstos para ayudas a familiares de personas dependientes se destinarán a "ayudas para estancias en residencias para personas discapacitadas o enfermas mentales crónicas" por un cuantía de 1,5 millones de euros; otros 2 millones de euros se destinarán a "prestaciones económicas individualizadas para el ingreso en residencias de atención especializada en materia de personas con discapacidad"; y, finalmente, los restantes 3,9 millones de euros se destinarán a "prestaciones económicas individualizadas para el ingreso en residencias de atención especializada en materia de personas con enfermedad mental".

Se trata de la enmienda del PP que más fondos cambia de destino. Las ayudas para familiares de personas dependendientes pasarán, una vez aprobada la modificación en cuestión, de 4,7 a 5 millones de euros, una cifra que arroja un crecimiento del 7% respecto al ejercicio anterior.

Pero la enmienda del PP responde al modelo de aplicación de la Ley de Dependencia que ha impulsado la Generalitat hasta la fecha. Juan Cotino, vicepresidente del Consell y consejero de Bienestar Social, ha reiterado que la ley nunca se ha financiado correctamente desde el Gobierno central. Y ha sostenido que la red asistencial de la Generalitat atiende, desde hace años, a muchas personas en situación de dependencia.

La tercera parte de los ciudadanos dependientes que tienen la prestación reconocida en la Comunidad Valenciana, un total de 25.437 personas el pasado 1 de diciembre, eran atendidos en residencias, pero ninguno de ellos gozaba de ayuda a domicilio ni de teleasistencia, según datos de la secretaría de Estado de Política Social.

Los socialistas han reiterado que el Consell se ha aprovechado de las ayudas estatales a los dependientes para cubrir la mitad de los costes que representa su atención en residencias públicas vinculadas a la Generalitat.

Más allá del debate político, lo cierto es que los familiares de personas dependientes que atienden a sus parientes en casa, uno de los grupos formalmente más beneficiados por la aprobación de la Ley de Dependencia en diciembre de 2006, apenas son atendidos por la Generalitat valenciana, que prefiere beneficiar a los ciudadanos que ya venían siendo atendidos en centros públicos o concertados.

La ley del juego cambia tres veces en cinco años

La ley del juego se ha modificado tres veces en los últimos cinco años, pero siempre a través de la denominada ley de acompañamiento de los presupuestos. Siempre a favor de los titulares de licencias de salas de juego y, esencialmente, a los propietarios de salas de bingo.

La ley de acompañamiento para 2009 duplica el periodo máximo de la autorización para el disfrute de una licencia, que pasa de los 5 años actuales a 10 años.

Los socialistas denuncian que así se pierde el control de parte de la Administración de las condiciones de uso y explotación de las salas. Los titulares de licencias de explotación de juego estaban sometidos a la verificación de las condiciones de adjudicación de sus permisos cada cinco años y debían ajustarse a la normativa. Pero al duplicar los plazos de revisión de las licencias, los socialistas sostienen que los titulares de salas de bingo y sus socios podrán esquivar la normativa durante años.

Durante el debate en comisión de las modificaciones de la ley del juego el diputado José Marí Olano, portavoz del PP, se limitó a esgrimir su desconocimiento de la materia para responder a las críticas de los socialistas. "Pero si a mí no me gusta jugar, si soy incapaz de tirar una moneda en una máquina tragaperras, sólo juego a la lotería de Navidad por tradición", argumentó Olano.

La ley de acompañamiento para 2009 introduce también la posibilidad de que las máquinas recreativas de tipo A, las que no conceden premios en metálico y son accesibles a menores, puedan ofrecer vales canjeables por premios en especie o incluso otorgar premios en especie directamente, "una vía para fomentar la ludopatía", según la diputada socialista Josefa Andrés.

Entre las doce modificaciones que afectan a la ley del juego hay una que llama la atención porque parece diseñada para un caso muy concreto.

Hasta la fecha los cargos gerentes, administradores y apoderados de empresas de juego debían acreditar ante la Generalitat que carecían de antecedentes penales.

La nueva redacción que introduce la ley de acompañamiento elimina ese requisito.

Andrés sugiere que "algún empresario" del sector debe afrontar problemas con la justicia pero, simultáneamente, "debe ser tan poderoso" que el Consell se ha prestado a modificar la ley para no tener que retirarle la licencia de explotación.

Las residencias antes que las familias

- El presupuesto de Bienestar Social para 2009 consigna una partida de 12,4 millones de euros para ayudar a los familiares que atienden a personas dependientes.

- Una enmienda del PP recorta 7,4 millones de euros esa partida.

- Residencias públicas para atender a discapacitados o personas con enfermedades mentales crónicas reciben 1,5 millones de euros.

- Una línea para el ingreso en residencias de personas con enfermedad mental recibe 3,9 millones de euros.

- Otra línea para el ingreso en residencias de personas con discapacidad recibe los restantes 2 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de diciembre de 2008

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