El PP recorta un 60% las ayudas para familias de dependientes

La ley del juego se ha modificado tres veces en los últimos cinco años, pero siempre a través de la denominada ley de acompañamiento de los presupuestos. Siempre a favor de los titulares de licencias de salas de juego y, esencialmente, a los propietarios de salas de bingo.

La ley de acompañamiento para 2009 duplica el periodo máximo de la autorización para el disfrute de una licencia, que pasa de los 5 años actuales a 10 años.

Los socialistas denuncian que así se pierde el control de parte de la Administración de las condiciones de uso y explotación de las salas. Los titulares de licencias de explotación de juego estaban sometidos a la verificación de las condiciones de adjudicación de sus permisos cada cinco años y debían ajustarse a la normativa. Pero al duplicar los plazos de revisión de las licencias, los socialistas sostienen que los titulares de salas de bingo y sus socios podrán esquivar la normativa durante años.

Durante el debate en comisión de las modificaciones de la ley del juego el diputado José Marí Olano, portavoz del PP, se limitó a esgrimir su desconocimiento de la materia para responder a las críticas de los socialistas. "Pero si a mí no me gusta jugar, si soy incapaz de tirar una moneda en una máquina tragaperras, sólo juego a la lotería de Navidad por tradición", argumentó Olano.

La ley de acompañamiento para 2009 introduce también la posibilidad de que las máquinas recreativas de tipo A, las que no conceden premios en metálico y son accesibles a menores, puedan ofrecer vales canjeables por premios en especie o incluso otorgar premios en especie directamente, "una vía para fomentar la ludopatía", según la diputada socialista Josefa Andrés.

Entre las doce modificaciones que afectan a la ley del juego hay una que llama la atención porque parece diseñada para un caso muy concreto.

Hasta la fecha los cargos gerentes, administradores y apoderados de empresas de juego debían acreditar ante la Generalitat que carecían de antecedentes penales.

La nueva redacción que introduce la ley de acompañamiento elimina ese requisito.

Andrés sugiere que "algún empresario" del sector debe afrontar problemas con la justicia pero, simultáneamente, "debe ser tan poderoso" que el Consell se ha prestado a modificar la ley para no tener que retirarle la licencia de explotación.

- El presupuesto de Bienestar Social para 2009 consigna una partida de 12,4 millones de euros para ayudar a los familiares que atienden a personas dependientes.

- Una enmienda del PP recorta 7,4 millones de euros esa partida.

- Residencias públicas para atender a discapacitados o personas con enfermedades mentales crónicas reciben 1,5 millones de euros.

- Una línea para el ingreso en residencias de personas con enfermedad mental recibe 3,9 millones de euros.

- Otra línea para el ingreso en residencias de personas con discapacidad recibe los restantes 2 millones de euros.