El fiscal pide el informe "muy secreto" sobre el pacto entre Aznar y Bush

La Fiscalía de la Audiencia Nacional instó ayer al juez Ismael Moreno a que solicite los documentos de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte sobre los llamados vuelos de la CIA y, en concreto, el informe número 3329/02 , de 10 de enero de 2002, firmado por el entonces director del citado departamento, Miguel Aguirre de Cárcer, referido a la petición de autorización del uso de aeropuertos españoles por aviones de EE UU que trasladaban a prisioneros talibanes y de Al Qaeda.

Este último documento calificado de "muy secreto" fue publicado el pasado domingo por EL PAÍS, y en él, Aguirre de Cárcer informaba al ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué de que el consejero político militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid le había anunciado el inminente inicio de vuelos militares de Afganistán a Guantánamo para trasladar prisioneros. En la misma conversación, el consejero solicitó autorización para utilizar algún aeropuerto discreto para el caso de que necesitaran realizar alguna escala en España. El diplomático respondió verbalmente que sería preferible utilizar los aeropuertos de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) o Rota (Cádiz).

Asuntos Exteriores informó el pasado martes de que no encontraba el documento en cuestión en ninguno de los tres archivos en los que podría estar.

El fiscal Vicente González Mota solicita también al juez Moreno que llame a declarar al autor del informe, Miguel Aguirre de Cárcer, para determinar si en Exteriores "se tiene información del uso del espacio aéreo o aeropuertos españoles para los fines objeto de esta investigación".

El escrito del fiscal no plantea en ningún momento la posibilidad de que declare el ex ministro Josep Piqué, destinatario del informe, ni el ex secretario de Estado de Exteriores Miquel Nadal, al que remitió una copia del mismo.

Ver a prisioneros

Lo que sí reclama el fiscal es que el Ministerio de Defensa identifique a los oficiales de vuelo, los oficiales del aeropuerto y los controladores de los aeropuertos de Morón de la Frontera y de Torrejón de Ardoz (Madrid). La identidad de los oficiales que ejercían las mismas labores en la base de Rota ya fue comunicada anteriormente al juzgado.

La Fiscalía quiere que todos ellos declaren en la causa sobre lo que vieron durante sus respectivos servicios, puesto que ante la "previsible falta de inspección del interior de las aeronaves", su testimonio podría ser decisivo para acreditar la presencia en España de los detenidos y prisioneros trasladados.

El Convenio de Cooperación para la Defensa (CCD) entre España y Estados Unidos no permite que se puedan transportar "personalidades, mercancías peligrosas, ni pasajeros o carga que pudiera ser comprometida para España". El traslado ilegal de prisioneros vulneraría el artículo 25.2 del convenio, pero el citado acuerdo de cooperación no prevé la inspección de la carga de los aviones que hagan escala en aeropuertos de bases españolas, por lo que si alguno de los oficiales puede acreditar que vio a prisioneros en suelo español sería un paso importante en la investigación.

El fiscal pide también una serie de diligencias para tratar de identificar a la tripulación de uno de los vuelos fletados por una empresa estadounidense y que hizo escala en España, así como para recabar la identidad de los tripulantes de varios aviones.

[Por otro lado, en las protestas contra el ex ministro Josep Piqué por los vuelos a Guantánamo que se produjeron el pasado miércoles en la Universidad Complutense de Madrid no tuvo intervención la Asamblea de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo Social, según pecisó ayer].