Educación intenta restringir el derecho de huelga de los alumnos

En apariencia no hay una relación causa-efecto; pero el hecho es que la página web de la Consejería de Educación colgó ayer unas instrucciones de la jefa del servicio central de Inspección de la Consejería de Educación, datadas el 17 de noviembre, por las que viene a obstaculizar y restringir el derecho de huelga de los alumnos. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic convocó ayer oficialmente a 53.000 profesores y a más de 1.000 profesionales de personal no docente de 1.600 centros públicos no universitarios a una huelga general de la enseñanza el próximo día 17. Se da por hecho que una buena parte de los estudiantes secundarán el paro.

La jefa de la Inspección de la Consejería pide que "con cinco días de antelación" se le remita el listado de los alumnos que decidan no acudir a clase. Esa relación debe contemplar el nombre y apellidos de los estudiantes y la autorización de los padres para no asistir a clase.

Convocada la huelga del 17-D en 1.600 centros de Primaria y ESO

Las instrucciones de la jefa de Inspección se amparan en dos artículos de la Ley Orgánica de Educación, que garantiza "el derecho a la inasistencia a clase de los alumnos de 3º y 4º de ESO". Pero, según la vicepresidenta de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, Gemma Piqué, han sido desvirtuados porque "ponen dificultades, como que tengan que votar al menos 20 alumnos en una asamblea que para que no sea necesaria la justificación de la inasistencia a clase". Piqué añade que esa medida restrictiva "sólo está contenida en el Decreto de Derechos y Deberes de Alumnos, Padres, Profesores", que está recurrido por la Confederación,

Portavoces de los sindicatos convocantes de la huelga -CC OO, STEPV y UGT- coincidieron en señalar que la medida no tiene "ni precedentes", "ni cobertura legal". "Estas instrucciones no tienen ningún valor más que el de coaccionar el derecho de los alumnos a la huelga", afirmó Luis García Trapiello, de CC OO, quien denunció que esta normativa podría conculcar el derecho a la intimidad y privacidad de padres y alumnos.

La portavoz de la plataforma, Gemma Piqué, subrayó que la huelga se ha convocado ante la negativa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a recibirles. Piqué insistió en que la plataforma "sigue sin saber nada y sin tener ningún documento que responda a los 10 puntos del manifiesto entregados a Camps y al consejero Alejandro Font de Mora desde el 17 de noviembre".

Desde la plataforma, Albert Sansano del STEPV, Guillermo Martí de Fete-UGT y Miguel Á. Vera, de CC OO, se ratificaron en que "el único responsable de la huelga es Camps por no sentarse a negociar". Y denunciaron que Gómez tiene un borrador de la futura Ley Valenciana de Educación "en su cajón" que no ha consensuado con nadie.