La Fiscalía pide prisión para los arquitectos con delitos urbanísticos

Los delitos contra la ordenación del territorio se saldan, en la mayoría de casos, con una simple multa. Un precio demasiado barato, según el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz y coordinador de Andalucía, Ángel Núñez, quien alerta de que estas sanciones son ya asumidas como parte del coste de la construcción y no sirven para disuadir a los infractores. Ante la poca efectividad de las condenas, el fiscal propone dos medidas: la demolición y el endurecimiento de las penas, sobre todo en los nuevos tipos delictivos en los que no se trata sólo de un particular que construye sin licencia, sino que existe toda una trama en la que participan tasadores, empleados bancarios y arquitectos.

Las simples multas son asumidas como parte del coste de la construcción

Las condenas podrían llegar a implicar en estos casos un mínimo de tres años de cárcel para los arquitectos y arquitectos técnicos que firman certificados falsos de obra para encubrir la ilegalidad de la construcción. Y sin necesidad de modificar la legislación. Según Ángel Núñez, sólo es necesario un cambio en la interpretación de los hechos: "La calificación jurídica de los hechos debe ser falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. ¿Qué ventajas puede tener esto? No sólo que la pena mínima es aquí de tres años de prisión, sino que en la medida en que hemos llegado muy tarde a cientos de conducta de esta naturaleza, los plazos de prescripción son notablemente superiores". El fiscal considera que los técnicos implicados en estos delitos, en el momento de firmar los certificados de obra, realizan un servicio público y, por tanto, su labor puede asimilarse a la de un funcionario. "En el código penal el concepto de funcionariado es más amplio que en el lenguaje laboral".

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ya ha comenzado a implantar esta práctica, y ha solicitado prisión provisional para uno de los implicados en la operación conocida como Obra Nueva. La petición, sin embargo, ha sido desestimada. Con todo, Núñez, que ejerce ahora de coordinador de fiscales de toda Andalucía, no se desanima. Sus reclamaciones sobre el urbanismo ilegal han ido calando poco a poco aunque con demasiadas piedras en el camino que han hecho, según admite, "perder un tiempo precioso".

Se esperó hasta 1995 para incluir en el código penal la construcción de viviendas sin licencia y los daños a la ordenación del territorio. Fue tras detectarse la ausencia absoluta de actuación de las administraciones en el control urbanístico. Núñez tuvo que luchar para reclamar a los jueces la consideración de delito urbanístico cuando lo cometía un particular y no sólo un profesional de la construcción. El Tribunal Supremo le dio la razón. También tuvo que esforzarse para conseguir que las sentencias condenatorias incluyesen las órdenes de derribo como norma general ante una edificación ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz terminó asumiendo desde el año pasado este criterio. Ahora su batalla está en el endurecimiento de las penas contra la falsificación de certificados de obra.

Los colegios que protegen los derechos de los arquitectos y arquitectos técnicos siempre han negado que los profesionales denunciados e implicados en operaciones de la Guardia Civil o la Policía Autonómica representen una actuación mayoritaria del colectivo. "Está en juego nuestra imagen. Los garbanzos negros no pueden perjudicarnos a todos", explica el presidente del colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Cádiz, José Arcos.

Este organismo emprendió el año pasado, tras darse a conocer las investigaciones policiales que acusaban a varios colegiados, un plan para incrementar los controles que validan los certificados de obra. Los profesionales tienen que presentar ante la sede del colegio los documentos para su validación definitiva. Esto retrasa todo el proceso pero se garantiza la máxima transparencia.