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OPINIÓN

Un viaje alucinógeno

El juez Garzón cortó el martes de manera voluntaria el viaje alucinógeno al corazón de las tinieblas de la Guerra Civil que había iniciado el 16 de octubre al declararse competente para instruir las denuncias sobre 114.000 desapariciones presentadas por diversas asociaciones. Los denunciantes emprendieron hace años la excavación de fosas comunes en cementerios y de enterramientos en cunetas y descampados donde fueron sepultadas las víctimas de los ajustes de cuentas y las depuraciones extrajudiciales de los sublevados en julio de 1936. El instructor de la Audiencia Nacional se inhibe ahora en favor de un crecido número de juzgados ordinarios, no sin antes revalidar los argumentos de su anterior decisión y lamentar la pasividad del "Ministerio Fiscal y la Justicia" tras la promulgación en 1978 de la Constitución -como si el propio Garzón no perteneciese a la magistratura- ante los crímenes de la dictadura.

El juez Garzón se declara incompetente para instruir las denuncias sobre desaparecidos

El auto de 18 de noviembre continúa defendiendo la imprescriptibilidad del delito de detención ilegal o secuestro sin dar cuenta del paradero de la víctima "en el contexto de crímenes contra la humanidad", una coletilla absurda, ya que la sentencia del Supremo sobre el caso Scilingo de 2007 rechaza la retroactividad de ese delito, incorporado en 2003 al Código Penal, y prohíbe la aplicación del derecho internacional consuetudinario sin previa transposición interna. La proyección retrospectiva de los desaparecidos latinoamericanos en los setenta sobre los paseados de la guerra española persigue idénticos objetivos mediáticos que el paralelismo establecido entre los bebés de las desaparecidas en los chupaderos raptados por los torturadores y la suerte de los niños de los republicanos muertos, presos o exiliados.

Los estremecedores hechos evocados por Garzón no son fruto de indagaciones judiciales, sino de investigaciones historiográficas ya conocidas; la tétrica crónica de los hijos de las presas políticas y de otros "niños perdidos del franquismo" está copiada de los libros publicados por el historiador Ricard Vinyes. De añadidura, los principios y valores del sistema democrático español descansan sobre la condena moral y política de la dictadura. El error de Garzón y sus defensores es pretender que los tribunales penales esclarezcan no sólo la verdad judicial, sino también la verdad histórica de una trágica etapa que la gran mayoría de la sociedad española decidió dar por superada en 1977 de forma consciente, informada y voluntaria a través de las urnas. La Ley de Amnistía, aprobada por las Cortes Constituyentes el 15 de octubre de 1977 con la abstención de Manuel Fraga y los demás diputados populares, borró las responsabilidades penales de la guerra y de la dictadura; de añadidura, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras consagrada por el artículo 9 de la Constitución, el principio de legalidad penal y los mecanismos de prescripción también sitúan esos hechos fuera del alcance del enjuiciamiento criminal. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de noviembre de 2008