Los afectados de Construcuatro exigen al juez que resuelva ya

El Consejo General del Poder Judicial, al que los afectados por el supuesto cobro de sobreprecios de Construcuatro pidieron amparo por el retraso de la instrucción del caso, les respondió que el procedimiento está en los plazos que le son propios. Pero los compradores de las viviendas protegidas de Navia (Vigo) reiteraron ayer su petición a la juez de "que resuelva ya", toda vez que hace más de un mes que se realizaron las últimas diligencias y la instrucción está concluida.

Los afectados temen que, con la excusa de las navidades y de las próximas elecciones, se deje de nuevo correr el tiempo, "lo que dañará aun más" su "maltrecha situación", declaró ayer Guillermo Vivero, su portavoz. Fue lo que sucedió hace dos años, cuando presentaron las primeras denuncias: el juzgado tardó siete meses en ordenar el inicio de las diligencias.

A estas alturas, aseguran los afectados de Navia, "se ha demostrado que era cierto" lo que denunciaban. "Construcuatro ha reconocido que nos obligaron y coaccionaron para pagar un dinero que no les pertenecía", afirmó Vivero. Dos de los tres socios de la empresa, José Manuel Torres y Eugenio Sobral, así lo admitieron en su declaración ante la juez como imputados, en febrero. El tercer socio, Telmo Martín, presidente del PP de Pontevedra, no fue llamado a declarar, pese a reclamarlo también los denunciantes.

La denuncia del pago de sobreprecios -de 12.000 a 42.000 euros, en función de la localización de la vivienda adquirida- fue formalizada por 32 compradores, aunque casi todos los que se hicieron alguno de los 83 pisos del inmueble estarían en la misma situación. Los denunciantes pagaron en total 832.000 euros en sobreprecios, pero la cifra final cobrada por la constructora irregularmente sería de unos 3,8 millones, según la declaración complementaria que presentó en Hacienda una vez se destapó el asunto.

Torres y Sobral, además de los intermediarios, confirmaron el cobro de los sobreprecios, que atribuyeron a la realización de mejoras por un valor total de 1.200.000 euros, cuando otros informes constatan que las modificaciones "no superan en ningún caso los 206.000 euros".

Los afectados pidieron "por favor" a los poderes públicos que no les pongan "más zancadillas", y lamentaron que las promesas que en su día les hizo el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aplaudiendo su actuación, no hayan tenido más trascendencia.